A la presentación acudieron nada menos que dos miembros del Gobierno de Pedro Sánchez –la vicepresidenta Yolanda Díaz y la ministra de Turismo Reyes Maroto–, sindicatos y empresarios, miembros del Govern de partidos socios de Francina Armengol y una larga lista de invitados, pero muy pocos de los allí presentes han visto el contenido del proyecto de ley de modificación de la Ley de Turismo. Es probable que solo conozcan el detalle la presidenta y el conseller de Model Econòmic y –con permiso de Juan Pedro Yllanes– copresident, Iago Negueruela. Desde luego, los dos consellers que estuvieron en la presentación aún no han visto el texto.
¿Qué pasa con la ley turística?, ¿por qué se presentó a bombo y platillo en Madrid hace 10 días y aún no se ha conocido ni un detalle de su contenido? Hay quien asegura que el texto ni siquiera existe y que por ahora son borradores de borrados que no llegan ni a un anteproyecto como tal, pero quienes están más cerca de Armengol y Negueruela aseguran que sí, que existe pero que no se presenta porque aún se están cerrado flecos. De la ley solo se conoce lo que se quiso contar: la obligación de que los establecimientos adopten medidas ambientales –algunas de ellas ya recogidas en la Ley de Cambio Climático– y la buena noticia para las camareras de piso de que todos los alojamientos turísticos deberán cambiar las camas de los hoteles para poner otras elevables en un plazo de cinco años a partir de 2023. Esta obligación ha sido aplaudida por la izquierda y conecta a Negueruela con su rol de conseller de Treball, un responsable político sobre el que no existen dudas de su compromiso con el mundo laboral.
Así que, de momento, el problema de la ley no está en lo que se ha visto, más laboral y ambiental que turístico, sino en lo que no se ha visto. No se sabe si habrá regulación específica sobre el ‘todo incluido' o el Govern se da por satisfecho con el decreto de excesos de la anterior legislatura que solo afecta a zonas demarcadas de las Islas. Tampoco se sabe si se mantendrá la famosa disposición adicional que permite la ampliación de la planta hotelera, que decayó el pasado mes de diciembre, ni si la ley permitirá el cambio de usos de hoteles obsoletos a VPO, que también ha decaído. No lo saben ni los socios de Francina Armengol, que deberán votar el proyecto de ley en el Consell de Govern, se supone que con conocimiento de causa, aunque no siempre ha sido así. La presencia de Mae de la Concha y Miquel Mir en la presentación del proyecto de Madrid no significa que conozcan un texto con el que deberán estar de acuerdo.
Y lo que puede ser más polémico: no se sabe si el proyecto incorporará o no medidas para iniciar el proceso de cambio de modelo del que tanto se habla y que, por ahora, poco se concreta. Més quiere que la reforma de una ley que considera fundamental incorpore propuestas encaminadas a la reducción de plazas. Durante toda la pandemia se ha escuchado hablar largo y tendido de la oportunidad que se ha abierto para revertir un modelo centrado en el cuanto más, mejor, por otro que apueste por frenar la llegada masiva de turistas, pero por ahora no se ha pasado de las palabras a los hechos. Nada se sabe, hasta el momento del contenido de un proyecto de ley cuando apenas quedan cinco días para que comience el periodo de sesiones y para que los partidos de la oposición empiecen a hacer su labor, con más o menos acierto, y empiecen a preguntar por una propuesta vendido a bombo y platillo del que aún no ha trascendido ni la exposición de motivos. Ni los consells ni los empresarios ni los socios de Armengol han tenido acceso al texto. El problema de no conocer algo es que no se puede criticar. El otro problema es que tampoco se puede alabar.