Este pasado Jueves Santos se concentraron 500 personas ante la sede del Consell de Formentera y del gobierno insular contra las adjudicaciones del concurso de playas. Las antiguas familias gestoras, las que se supone que eran imprescindibles para garantizar que Formentera no sea una isla tan turística como las demás, aquellos que debían mantener las raíces de la isla, han quedado fuera del negocio. Ibicencos, italianos y otros empresarios de distintos territorios nacionales o internacionales asumirán los negocios al haber ofrecido un mejor precio por los distintos lotes.
Ya sabemos que Formentera, por mucho que sus dirigentes políticos se apasionen hablando de idiosincracia, tiene un precio y no es precisamente para beneficiar a las familias de la isla. También sabemos que el concurso es legal (de tanto repetirlo desde el Consell llegaremos a pensar que no lo es ) pero no siempre lo legal es lo justo ni el dinero es lo más importante. No parece que el Consell pueda dar marcha atrás y suspender el concurso, pero lo que sí sabemos es que 500 personas manifestándose en Formentera contra el gfobierno del Consell, y no contra el cambio de modelo, son muchas hasta el punto de que podrían cambiar un gobierno o incluso promover un cambio de diputado en el Parlament, con las consecuencias que tiene todo eso. Los dirigentes de Gent per Formentera tienen motivos para estar preocupados por la movilización que han provocado las playas en la isla, mientras la presidenta Ana Juan deberá valorar si dar las adjudicaciones de las playas al mejor postor tendrá consecuencias en las elecciones de dentro de un año. Quinientas personas son muchas en Formentera y eso es algo que no tuvieron en cuenta los genios que idearon el nuevo concurso de las playas. En un año sabremos qué puede pasar.