Las carencias del transporte público de nuestra isla saltan a simple vista. Tenemos una flota anticuada y poco adaptada, los sistemas de información no son óptimos, faltan frecuencias y servicios (especialmente en determinadas zonas), y hay un sistema tarifario demasiado complejo. El análisis es claro, y así queda plasmado en el diagnóstico del Plan de Transportes que aprobamos de forma definitiva el pasado octubre de 2020.
Estoy seguro de que a cualquier conseller de responsable del área de transportes le hubiera encantado poner centenares de autobuses recién salidos de fábrica circulando por la isla, pero la realidad administrativa y legal impide muchas veces materializar lo que a uno se le pasa por la cabeza, o por lo menos hacerlo en un plazo de tiempo realmente corto. Pocos explican los motivos por los cuales hemos llegado a este punto (o a pocos les interesan las explicaciones, algo que también es comprensible), pero es importante saber quiénes tienen responsabilidades por no tener el servicio que los ciudadanos de nuestra isla se merecen.
La realidad es que el servicio, que se prestaba por iniciativa privada desde épocas predemocráticas, jamás se ha sacado a concurso. Las empresas que prestaban el servicio sencillamente se consolidaron en el año 1996 por el Govern de les Illes Balears, administración competente en materia de transporte terrestre interurbano hasta el año 1998. Ese momento probablemente hubiera sido una buena ocasión para sacar el servicio a concurso, pero no fue así. A partir de 1998, la competencia se transfirió al Consell Insular d'Eivissa con la vista puesta en mejorar un servicio esencial y que ahora se gestionaba desde una administración mucho más cercana.
La competencia se transfirió teniendo ya en el horizonte un año clave para el: en 2012 empezaban a caducar las concesiones. A cualquiera le parecería que hay tiempo suficiente entre 1998 y 2012 para sacar a concurso un servicio tan importante, pero estamos en 2022 y a la vista está que no ha sido así.
Los únicos motivos que se me ocurren son la desidia, la falta de capacidad y de planificación, y el poco interés en materia de movilidad de todos los que han ido pasando por el gobierno del Consell (por lo menos en lo que se refiere a esta cuestión en concreto). No quiero excusar a nadie, pero también es cierto que esta misma situación se ha replicado en muchos lugares de toda España. De hecho, Menorca y Formentera están exactamente igual -o peor- que nosotros, aunque eso jamás puede ser un consuelo, todo lo contrario.
Evidentemente a lo largo de los años y de las diferentes legislaturas se han ido haciendo mejoras, algunas importantes. También lo hemos hecho en esta, a pesar de la pandemia (que algunos obvian de forma interesada). Algunos ejemplos son la adaptación de múltiples líneas para que alumnos de institutos, o de centros de enseñanza superior, puedan aprovechar el transporte público insular, puesto que el transporte escolar, competencia del Govern Balear, no presta servicio a partir de secundaria, se habilitó la línea exprés del aeropuerto, que conecta de forma directa la terminal con el puerto de Ibiza y el centro de la ciudad, se modificaron recorridos de líneas para dar servicio directo a zonas sensibles, como es el caso de la residencia de Can Raspalls, donde hay usuarios con movilidad reducida, o la ampliación de contratos programa para dar más servicios durante todo el año, como es el caso de las líneas de nitbus, que ahora funcionan también en verano dando un servicio diferenciado de las líneas de discobús. Todo esto dentro del limiatadísimo margen legal que nos dan unos contratos prorrogados y ya caducados.
Tampoco podemos obviar la gestión de la pandemia antes mencionada, que ha supuesto un paréntesis catastrófico en todos los servicios de transporte público del mundo por las grandes bajadas de demanda. Para mantener un nivel alto de servicios hemos destinado entre 2020 y 2021 10.590.433,25€, que es casi el doble de lo que hubiéramos invertido en dos años normales. Gracias a este grandísimo esfuerzo y a pesar de la difícil situación, pudimos mantener un nivel relativamente alto de servicios en toda la isla, y más, si nos comparamos con otras islas o territorios donde se eliminaron muchos más servicios, servicios que a día de hoy ni tan siquiera han conseguido reactivar. Para que entendamos los números y el contexto, pudimos ver como en Menorca destinaron unos 780.000€ para el reequilibrio del servicio en el año 2020, mientras que en Ibiza destinamos unos 3.500.000€, números directamente relacionados con el nivel de servicios mantenidos durante el periodo más duro de la pandemia.
Otra cuestión aparte de cómo se presta el servicio y en qué condiciones, son las marquesinas y paradas de autobús. Afortunadamente ahora algunos ayuntamientos se han dado cuenta -por fin- de que las marquesinas en zonas urbanas son su responsabilidad. De hecho, más de la mitad de las paradas de la isla son responsabilidad de los ayuntamientos. Por nuestra parte ya encargamos un estudio al inicio de la legislatura para evaluar el estado de las paradas responsabilidad del Consell Insular d'Eivissa que se ha transformado en un proyecto de 6,2 millones de euros que se irá ejecutando a lo largo de los próximos años.
Pero estas mejoras y estos esfuerzos no son suficientes para solventar todos los problemas que presenta nuestro sistema de transporte público. Es absolutamente fundamental sacar a concurso de una vez las concesiones. ¿Y qué hemos hecho en la conselleria gestionada por Ciudadanos en ese aspecto? Pues podemos afirmar que hemos hecho lo que no han sido capaces de hacer en todas las otras legislaturas juntas: desbloquear el proceso y avanzar de forma firme y clara.
La primera legislatura en la que se hizo algo respecto a las nuevas concesiones fue la de 2015-2019. En 2018 aprobaron de forma inicial el Plan de Transportes. Tras un mes de exposición pública y casi todo el último año de legislatura por delante, no se contestaron las alegaciones y no se pudo avanzar. Un Plan de Transportes que además tenía muchos cabos sueltos: el centro de la ciudad de Ibiza quedaba casi sin servicios, cuando es el principal núcleo generador de demanda del servicio, y se proponía integrar el transporte escolar en el regular sin tener nada resuelto con el Govern de les Illes Balears, administración que ostenta la competencia en dicha materia. Pero es que, además, la integración del transporte escolar, que no convencía a nadie más que a los políticos que la propusieron, suponía introducir un grado de inestabilidad inasumible para el servicio insular: no estaba asegurada la financiación, y apenas aportaba ventajas para el sistema, ya que las líneas que algún año tuvieran algunas plazas libres, podían no tenerlas otros, con lo que muchos usuarios de la isla se quedarían directamente sin servicio. Técnicamente era viable, tal y como explicaban los informes, pero el sentido común nos obligaba a corregir esta propuesta.
Desde nuestra conselleria no solo aprobamos un nuevo Plan de Transportes corrigiendo esas cuestiones y desbloqueando el proceso, sino que además hemos completado las etapas posteriores. Tras aprobar el Plan, la ley de transportes obliga a aprobar un proyecto de servicios, un documento mucho más detallado y complejo en el que se establece cómo se prestará el futuro servicio con todos los detalles (frecuencias exactas, paradas, tipologías de vehículos, etc.). Ese proyecto también se ha aprobado de forma definitiva tras el periodo de exposición pública. Todos estos pasos, además, se han dado contando con todo el mundo, con todas las administraciones, haciendo múltiples reuniones con los ayuntamientos, asociaciones de vecinos, patronales y sindicatos, para poder incorporar sus peticiones de cara al próximo contrato. Y hablando de diálogo, también se ha firmado un convenio con el Ayuntamiento de Ibiza para dar una solución de transporte a la ciudad de Ibiza, asegurando así que el centro de la ciudad no se quede sin servicio, una cuestión que no interesó en la anterior legislatura.
La realidad a día de hoy es que en 3 años tenemos el Plan de Transportes aprobado, el Proyecto de servicios aprobado, un convenio con el Ayuntamiento de Ibiza firmado, y unos pliegos prácticamente terminados para iniciar la licitación. La realidad es que, gracias al trabajo y al impulso de todo el equipo y a la priorización real de un proyecto que considero trascendental para el futuro de nuestra isla, se ha desbloqueado el proceso, se ha avanzado más rápido que nunca, se ha hecho una propuesta rigurosa, de futuro y ambiciosa, y pronto será una realidad. La tozuda realidad es que en tres años se ha hecho el trabajo que debería haber estado hecho hace más de diez, y que muy pronto el nuevo servicio será una realidad.