Al margen del polémico debate provocado por diversas organizaciones ecologistas sobre la futura construcción de 532 viviendas de protección oficial impulsada por el Sepes y de las cuales cerca de 400 se destinarán al alquiler a precios asequibles; recientemente se ha planteado una nueva incógnita que gira precisamente en torno a cual será el importe de ese alquiler asequible que se vaya a cobrar.
No hay de momento nadie que se atreva a hablar abiertamente de precios y todos se están limitando a anunciar que se establecerán topes a esos alquileres, sin aportar mayor información. Esta última controversia va muy ligada al modelo de gestión previsto para esta promoción, que es el mismo que se quiere aplicar a otro proyecto de unas 600 viviendas cuya construcción parece ser que ya se ha iniciado en Valencia. El modelo en cuestión es de gestión publico-privada y es esto en concreto lo que hace que nadie se atreva a hablar de cuales serán los precios asequibles que puedan aplicarse a esos alquileres.
Se ha venido comentando últimamente que ese precio va depender del coste final de las obras a ejecutar, ya que la participación privada en la gestión de las viviendas una vez concluida la obra, hace que de alguna manera se deba conseguir beneficio para las empresas que compartan la gestión. Cabe recordar que este proyecto de 532 viviendas forma parte del denominado «Plan 20.000» que fue presentado a mediados del mes de mayo de 2019 y cuyo objetivo era por entonces, impulsar la vivienda pública en régimen de alquiler asequible.
Es este Plan, el que contemplaba la intervención de empresas privadas en su construcción y explotación, como medida que se supone debía permitir incrementar el parque de viviendas con unos alquileres asequibles, dado el incremento de los mismos en el mercado libre. Pero en ese momento nadie contaba con la que se nos vendría encima posteriormente; una pandemia mundial que mantuvo paralizada la economía y la actividad empresarial durante dos años y la posterior invasión de Ucrania por parte del ejército ruso de Putin.
Estas dos circunstancias hicieron saltar por los aires cualquier previsión y programación aprobada con anterioridad, paralizando la producción de todo tipo de productos y encareciéndolos sustancialmente una vez que se ha podido ir reiniciando la actividad. Resultado directo de todo ello es un coste mucho mayor de todos los proyectos constructivos iniciados o pendientes de hacerlo.
Dicho todo ello, recordar que en Eivissa y Formentera a día de hoy la situación es tan alarmante como para que sea previsible que las últimas medidas anunciadas por las diversas administraciones para ayudar a la consecución de una vivienda digna, tendrán escasa incidencia en el mercado tanto de compra, como de alquiler. Y es por ello que se debería reconducir cualquier programa aprobado hace unos años.
Condicionar los alquileres a la participación de las empresas privadas y al mayor coste de los materiales, puede hacer que los alquileres que han de ser asequibles, acaben no siéndolo por mucho que se quieran topar. La alternativa es clara y pasa por la gestión integral del proyecto por parte del conjunto de todas las administraciones que pueden verse implicadas, estatal, autonómica, insular y local; cada una con una aportación proporcional a sus presupuestos, sobre todo teniendo en cuenta que varias de ellas disponen de millones de superávit en los bancos.
Este debe de ser un proyecto de gestión pública únicamente, olvidando la participación de la empresa privada en la misma. La función de esta última debería limitarse a la mera construcción, para lo cual se debería ajustar el presupuesto a los precios que actualmente rigen. Bajo ningún concepto el coste final del proyecto puede ser lo que condicione el precio del alquiler a cobrar. Los millones y millones que se van a destinar a propuestas de ayuda a familias necesitadas y que pasan por graves dificultades, son a fondo perdido, por lo tanto el coste final de estas 532 viviendas también debe incluirse como fondo de ayuda social, dejándolo al margen del establecimiento de los alquileres a cobrar.
De cualquier otra manera, difícilmente se podrán aplicar precios realmente asequibles.