Al margen de lo obvio, una de las peores consecuencias de la pandemia de COVID-19 ha sido el cambio en los modos de muchos políticos y administraciones. Las muestras de solidaridad y el afán por crear un sentimiento colectivo del bien frente al mal son ya historia. Buena muestra de ello es lo que está sucediendo ahora mismo en el Ayuntamiento de Ibiza entre su gobierno y los sindicatos CCOO, Csif y SPPME. Estos representantes de buena parte de los cerca de 500 trabajadores de la institución cedieron al Consistorio su local sindical para que este pudiera abrir una oficina de ayudas relacionadas con la pandemia. A día de hoy, cuando ya no hay ningún proceso de ayudas activo, nada justifica que no se les haya devuelto este espacio.
Sin embargo, y a pesar de habérselo solicitado en reiteradas ocasiones al alcalde, Rafa Ruiz, y a la concejal del área, Estefanía Torres, los sindicatos siguen sin poder recuperar su local. Y lo peor de todo es que ni uno ni otra les han ofrecido una explicación razonable. Lo cierto es que el Ayuntamiento está incumpliendo tanto el Estatuto de los Trabajadores como la Ley de Libertad Sindical. Ambas normas dejan claro que los sindicatos deben tener un espacio adecuado en el que prestar sus servicios. En Vila lo tenían. ¿Por qué ahora no?
Para algunos, la decisión del Ayuntamiento puede ser comprensible puesto que la imagen que tienen hoy en día los sindicatos no es precisamente buena. Sin embargo, Ruiz y Torres están incumpliendo la ley y se han convertido en okupas de un local que no es suyo. Hablamos de dos políticos a los que la Justicia les acaba de leer la cartilla con el tema del bolsín de los auxiliares administrativos. Y es muy probable que también lo haga con el de los educadores sociales. Si esto lo llega a hacer un gobierno del PP, el PSOE, UP y sus satélites mediáticos estarían on fire desde hace semanas.