No cabe duda que uno de los temas de permanente actualidad, y por supuesto objeto de agrias polémicas, es el de las competencias que se transfieren del Govern a los consells insulars para su gestión. Las discrepancias entre ambas administraciones son diversas y van desde la conveniencia del traspaso de alguna de ellas, pasando por la partida económica que debe acompañarlas y acabando por el argumento de las numerosas dificultades jurídicas que dicho traspaso puede conllevar. Lo cierto es que basta con analizar con cierta atención la foto fija de este tema en la actualidad, para comprobar que sigue siendo una cuestión candente.
A día de hoy se está negociando la posibilidad de asumir la gestión de las residencias de mayores entre el Govern y nuestro Consell, negociación encallada precisamente en la cuestión económica; también tenemos el caso sangrante de una competencia que si se traspasó, como es la de transporte terrestre y que supone el mayor agravio comparativo que en política se vive en nuestras islas y finalmente, tenemos alguna competencia reclamada para gestionar desde la isla, como es la del agua, que sigue sin llegar.
Y es precisamente a este último caso al que quiero referirme en el día de hoy. Como resulta fácilmente perceptible, todo lo que gira alrededor del agua es uno de los grandes problemas a los que como isla se le debe plantar cara. Existe la coincidencia entre la mayoría de partidos políticos de la isla,que la mejor forma de gestionar el ciclo integral del agua es hacerlo directamente desde cada una de las isla, de aquí que sistemáticamente se venga proponiendo por parte de los partidos en sus programas electorales, que se va a negociar el traspaso de dicha competencia; si bien la realidad es que no se ha avanzado lo más mínimo.
Parece ser que desde el consell insular habían manifestado la intención de crear la denominada «Agencia Insular del Agua», cosa que, según el conseller responsable, no se ha hecho por las dificultades sobrevenidas a la hora de negociar el traspaso de la competencia. A la petición de iniciar dicho proceso por parte de Eivissa y Menorca se opusieron Mallorca y Formentera, que no están dispuestas a aceptar el traspaso. La negativa de la mayor y la menor de las cuatro islas ha bastado para que el Govern, amparándose en el texto de nuestro Estatut d'Autonomia, haya paralizado cualquier negociación al respecto, argumentando que en este caso se necesita la unanimidad de las cuatro islas.
No deja de ser curioso que en este tema de traspaso de competencias quien nunca sale perdiendo es Mallorca. Por supuesto que saben perfectamente cómo hacerlo y vista la experiencia y el resultado del manido asunto del transporte terrestre lo normal es que piensen que para qué se van a molestar en negociar y aceptar la competencia del agua con lo bien que le va a su isla con todo lo que gestiona y financia el Govern. Comprensible por tanto su rechazo.
Menos entendible resulta la negativa de Formentera, a no ser que por vía de negociación interna, hayan obtenido algún beneficio por otro lado. En cualquier caso, lo que queda muy claro es que nuestra isla nunca sale favorecida a la hora de gestionar de pleno alguna competencia.
En cualquier caso, resulta indignante que por una razón o por otra, el Consell favorecido siempre es el mismo. Y no deja de ser muy significativo que en este caso del agua, en el que sí se debería traspasar todo, incluyendo el cobro del canon pertinente que supone unos sustanciosos ingresos para el Govern y que nunca se revierten en nuestra isla en su totalidad; permitiría que el tema económico no fuera, por una vez, el gran problema o escollo.
La pregunta que cabe hacerse es: ¿Dónde queda el tan socorrido concepto de federalismo interno? Da la sensación de que solo cabe recurrir a ese federalismo si de su aplicación la isla favorecida acaba siendo Mallorca; en caso contrario parece que es mejor dejarlo aparcado y sin tenerlo en cuenta para nada.
Ante un tema tan importante y relevante como es la gestión del agua, hay que buscar la solución o alternativa viable; para que la negativa de una o dos islas, no acabe provocando el bloqueo de aquello que para las otras resulta más que urgente, resulta ya imprescindible. No puede ser que en su momento se permitiera que cada isla pudiera decidir negarse a aceptar una competencia y ello no impidiera que el resto acabasen teniéndola y ahora, la negativa de dos impida que las otras puedan aceptarla y gestionarla.
No es aceptable bajo ningún concepto, que sistemáticamente lo mejor vaya siempre a parar al mismo y lo peor le caiga a los demás. De una vez por todas, nuestros representantes políticos en Palma, sean del partido que sean, deben asumir a quien representan y por tanto pensar en aquellos que les han colocado en los puestos que ocupan. En caso contrario no dejan de ser una pura entelequia.