Ante el indisimulado optimismo de las autoridades autonómicas de Balears, que vaticinan que el año 2023 será, en lo económico, igual o mejor que el 2022, que ellos consideran excelente, la cruda realidad vuelve a ser noticia. El Gobierno de España, con Pedro Sánchez a la cabeza, y el Govern de les Illes Balears, con Francina Armengol al frente, batieron récord de recaudación tributaria el año pasado. «El empleo y la inflación llenan las arcas del Estado», «Se dispara la recaudación en Balears con casi 2.000 millones más que en 2021», titulan los rotativos. Queda claro que la inflación ha perjudicado y aún perjudica a los hogares, en especial a los más humildes, pero los gobiernos se benefician de esa situación, recaudando una millonada para repartir luego a su conveniencia, con descarado interés electoral. Ni Sánchez ni Armengol se muestran dispuestos ni a reducir el gasto público ni mucho menos a bajar los impuestos. Sin embargo, paralelamente a esta euforia de los partidos de izquierdas, que se muestran alarmantemente distanciados del sufrimiento de una parte importante de la población –y de su electorado, no se olvide–, la cruda realidad se abre paso.
La ONG Cáritas Diocesana de Ibiza y Formentera lanza una llamada de auxilio ante su asfixia económica, que conlleva la imposibilidad de socorrer al ingente número de familias que dependen de ella para procurarse alimento, productos de primera necesidad (higiene, vestido) e incluso para pagar el alquiler. La organización padece un déficit presupuestario crónico y creciente, pues cada vez tiene menos socios, escasean las donaciones y las subvenciones de la Administración no alcanzan. Así, ahora hacen un llamamiento a las empresas para que sean solidarias. La sociedad ibicenca debe implicarse más con los más desfavorecidos, ante la indolencia de nuestros gobernantes.