Ya son 166 los delincuentes sexuales beneficiados por la mal llamada Ley del «sólo sí es sí», perpetrada por un Ministerio de Igualdad con más prisa que conocimientos jurídicos. Con una técnica legislativa deplorable, Irene Montero ha demostrado que el populismo legislativo no sólo es inútil, sino que incluso contraproducente.
Sin olvidar que su acceso al cargo se produjo por razones completamente ajenas a su formación o experiencia profesional, Montero ha conseguido desproteger a las mujeres y ganarse el favor de violadores, abusadores sexuales e incluso pederastas, quienes aplauden y agradecen que «el gobierno más feminista de la historia» pase a posteridad como el que les sacó de la cárcel y les rebajó sus condenas.
Como siempre, la culpa es de otros. En este caso, de los jueces. Ellos son los que no han entendido la Ley y la están aplicando mal. La culpa no es del legislador que ha perpetrado un mamotreto jurídico, sino de los incautos encargados de aplicarla. En lugar de asumir responsabilidades, dimitir ante semejante escándalo o pedir perdón, Irene Montero y sus secuaces han optado por insultar a los magistrados acusándoles de machistas o incluso de prevaricar.
Con un nada desdeñable sueldo de 120.000€ y sin conocimientos jurídicos, la secretaria de Estado de igualdad, Ángela Rodríguez Pam, se ha permitido el lujo de frivolizar y burlarse de los delincuentes que se han beneficiado de su Ley, provocando que algunos socialistas cómplices de este despropósito salgan de su letargo y pidan ya su dimisión.
Llevar la Ley al barro político para beneficiar a violadores, derogar el delito de sedición y modificar el de malversación públicos para beneficiar a los independentistas condenados es una práctica peligrosa que no pasará desapercibida en las urnas.