La política española ha vivido un final de 2022 realmente inquietante y preocupante. En este nuevo año que acabamos de empezar deben tener lugar varios procesos electorales, locales y autonómicos primero y generales posteriormente y, muy especialmente de cara a estas últimas se ha producido en la política estatal un hecho realmente grave.
Grave es posiblemente la palabra más suave que se pueda utilizar para hacer referencia al conflicto provocado intencionadamente entre el Gobierno del Estado y el Tribunal Constitucional. Tal conflicto salta a la palestra a raíz de la tramitación en el Congreso de Diputados y en el Senado de una modificación legislativa mediante la que se pretende desbloquear la renovación de determinados órganos judiciales.
En plena tramitación de la citada modificación legislativa, el PP presentó un recurso ante el Constitucional contra la que se vino a denominar «reforma exprés» que se estaba tramitando a propuesta del Gobierno en las cámaras legislativas. La admisión a trámite del recurso provocó la paralización en el Senado de la votación sobre la reforma en cuestión que debía tener lugar. Tal decisión supuso, sin duda, el más grave ataque al sagrado precepto en democracia, que es la separación de los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial.
Afortunadamente el enfrentamiento de poderes provocado por el principal partido de la oposición no consiguió el resultado que esperaba la derecha de nuestro país; ya que a partir del estricto acatamiento de la decisión judicial, como no podía ser de otra forma, por parte del Gobierno y de las Cortes; una inesperada y sorprendente maniobra en la elección de determinados miembros del Tribunal Constitucional, ha permitido la renovación de este órgano judicial, provocando con ello el estupor en el PP, ya que ha visto como se perdía su preciada mayoría conservadora en el citado Tribunal.
A día de hoy podría parecer que lo ocurrido no fue más que un lance más en la vida política de nuestro país, sin embargo lo cierto es que fue mucho más que eso. No debemos olvidar que de forma totalmente irregular, incumpliendo la propia Constitución que tanto dicen defender, el PP lleva más de cuatro años bloqueando el Consejo General del Poder Judicial. Tanto la renovación de este órgano, como la recién conseguida del Constitucional, han venido siendo las armas utilizadas por la derecha para tratar de conseguir por vía judicial lo que no les está permitido por la vía meramente política, ya que les guste o no, perdieron en su momento las elecciones y por ello están en la oposición.
El intento del PP de que el Poder Judicial se inmiscuyera en las funciones del Poder Legislativo, agrietando con ello el precepto de separación de poderes; equivale a no respetar los límites del Estado de Derecho. Se trata de una clarísima injerencia en la soberanía nacional ejercida por la Cámara Legislativa, elegida con el voto de cada uno de los españoles. Se trata por tanto del caso institucional más grave provocado desde el fallido golpe de estado de Tejero.
Afortunadamente y como he dicho antes, se ha podido reconducir la situación; si bien no deja de ser un clarísimo intento de alterar las bases de la democracia, con el único objetivo de obtener por vía judicial una capacidad política que la ciudadanía con sus votos no quiso otorgar.
Una vez fracasado el intento de subvertir el funcionamiento institucional y al inicio de este año electoral, el PP pretende ahora que todo lo acontecido en las semanas previas quede en el olvido y se ha lanzado al ruedo de las precampañas y campañas electorales, anunciando una supuesta imagen de moderación. Para ello ha puesto al frente de lo que ha de ser su campaña electoral a una figura como Borja Sémper, quien en su momento dejó la política activa por estar en desacuerdo con determinadas decisiones que tomó el sector más radical de su propio partido.
Con los nombramientos de cara a los inminentes procesos electorales que se avecinan, se pretende hacer olvidar el burdo, pero peligroso, intento de alterar el equilibrio institucional en nuestro país. Ahora bien, cabe esperar que nadie olvide que se sigue bloqueando la renovación del CGPJ, alegando la necesidad de modificar la misma normativa que para ello se ha utilizado hasta la fecha y que mientras han gobernado ellos, no han tenido el menor problema en aplicar.
Resulta muy difícil, por otro lado, creer en esa pretendida nueva moderación, cuando al mismo tiempo que se anunciaban los nombres de esos moderados que regresaban de alguna forma a trabajar para el partido, se estaba confirmando que de ser necesario para llegar a formar los diferente gobiernos que en breve se pondrán en liza, se buscaría la fórmula para pactar con Vox.
¿Cómo se puede pretender hacer creer que caben en un mismo saco la moderación y extrema derecha?