Estuve buscando en las manifestaciones del 8-M celebradas en Balears, alguna pancarta que hiciera referencia a los agresores sexuales condenados en firme a los que la fallida Ley Montero, también conocida como ‘Sólo sí es sí', ha permitido ver rebajada la pena que les fue impuesta, y que en algunos casos les ha supuesto incluso la excarcelación. Ni por esas. No vi nada. Se conoce que a los colectivos feministas que salieron a la calle, esta cuestión no les intranquiliza ni les genera ningún problema. Y es llamativo, porque tradicionalmente las mujeres se lamentan, y con razón, de los abusos a los que las someten algunos hombres, con una habitualidad intolerable; de la violencia machista; del miedo a sufrir agresiones al salir de marcha o al ir por la calle. Por lo visto, si alguien critica la reducción de penas contemplada en tan chapucera legislación, que algunos defienden como todo un avance feminista, es tachado de estar alineado con la derecha y con la extrema derecha.
Pero la sociedad está escandalizada por los «efectos indeseados» de una Ley impulsada por el Ministerio de Igualdad del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos. Unos efectos sobre los que alertaron multitud de órganos constitucionales como el Consejo de Estado, el CGPJ y el Consejo Fiscal, además de asociaciones profesionales de jueces y fiscales y un buen número de particulares. Les importó un bledo. Ahora pagamos las consecuencias de su chapuza legislativa y de su arrogancia política. El PSOE quiere rectificar, pero Podemos, Esquerra y EH Bildu, no. El Gobierno, dividido en dos al igual que el colectivo feminista. Este es el gran legado del paso por el Gobierno de Irene Montero, Ángela Rodríguez ‘Pam', Victoria Rossell y compañía. No hay avances, sólo incompetencia, ineptitud y arrogancia.