En el último mes, se nos ha informado de la puesta en funcionamiento de dos nuevas ‘Oficinas de la Vivienda'. La primera se inauguró en la primera quincena de marzo en Formentera y la segunda durante esta pasada semana en el municipio de Ibiza. Estas dos nuevas oficinas se suman a la que se puso en funcionamiento a finales de 2019 en Sant Josep. En líneas generales las funciones que se supone han de desempeñar todas ellas son las de acompañamiento y asesoramiento, tanto jurídico como administrativo, en materia de vivienda.
En ninguno de los tres casos se trata de una propuesta novedosa y de la que quepa esperar grandes resultados. Y digo que no es novedosa ya que una oficina de vivienda o delegación del IBAVI en cada una de las dos islas, ya se inauguraron en el primer trimestre de 2016, tanto en Ibiza como en Formentera. La idea y propuesta inicial con esas delegaciones del IBAVI no era otra que descentralizar parte de la gestión de la Conselleria responsable del área de vivienda y que la misma se pudiera llevar a cabo también sobre el propio terreno de cada isla. Y les puedo asegurar que lo digo con conocimiento de causa, ya que tal idea fue una propuesta mía, como conseller del Govern en ese momento.
Lo cierto es que, por motivos de salud, no tuve la oportunidad de seguir al frente de la política de vivienda y, por tanto, la propuesta y su desarrollo quedó en manos de quienes me sucedieron. Está claro que el concepto y el proyecto en su conjunto ni fue aceptado ni desarrollado como cabía esperar por ninguno de los nuevos consellers que desde entonces han estado al frente del área de vivienda en el Govern. Ni por parte del actual responsable, el ibicenco Josep Marí ni anteriormente por parte del menorquín Pons se ha prestado la suficiente atención y empeño en la necesaria potenciación de estas oficinas insulares para que acabaran siendo lo que se suponía que debían llegar a ser. Es decir, potentes delegaciones de la Conselleria del Govern en materia de vivienda en cada isla.
Parece mentira que despues de tantos años de repetir lo mismo, una y otra vez, haya que seguir recordando que las competencias en materia de vivienda las tenía en 2016 y las sigue teniendo en 2023 el Govern balear. No es un área de gestión de los Ayuntamientos ni de los Consells. Es el Ejecutivo autonómico quien puede y debe desarrollar esta función. La idea de las oficinas insulares no era otra que fueran el vehículo que permitiera la colaboración del resto de administraciones locales y la insular en cada caso.
De haberlo hecho así, a día de hoy, y pasados siete años desde que la idea original se puso en marcha, podría haber tanto en Ibiza como en Formentera potentes oficinas de vivienda con servicios administrativos, técnicos y jurídicos, mediante las que todas y cada una de las administraciones de nuestras islas trabajarían conjuntamente por y para los residente en las islas. Y, sin ninguna duda, el panorama al que nos tenemos que enfrentar hoy sería muy distinto.
Se siguió el camino opuesto al que cabía esperar en su momento y remitiéndome a los hechos puedo afirmar que a la propuesta original nadie le dio el impulso que se necesitaba. La realidad es terca y no hay más que analizarla para ver el nulo interés demostrado en todos estos años. La oficina de Formentera se cerró tan solo dos meses despues de ser inaugurada y la de Ibiza sigue languideciendo año tras año, con tan solo dos personas trabajando en ella, sin más función que la de recepcionar algunas solicitudes de información y escasos documentos administrativos, con el agravante de que para cualquiera de esos simples trámites tienes que esperar casi dos meses para conseguir cita.
Lo primero que se necesita para afrontar el grave problema de la vivienda en nuestras islas es que todos sin excepción tengamos muy claro que debemos trabajar unidos para tratar de superarlo. No sirve el pasotismo de la derecha, lanzándose en brazos de la inversión privada y del libre mercado, oponiéndose a todo por el simple hecho de que sean propuestas de los rivales políticos; ni es el mejor camino el que han emprendido los diferentes gobiernos progresistas, pretendiendo escenificar ahora y a escasos dos meses de unas elecciones cuando ya no hay tiempo real para actuar y habiendo cerrado los ojos durante años en los que se podría haber estado trabajando con mucha mayor efectividad que la que se ha demostrado.
La llegada al final de la legislatura de oficinas locales, que han ido apareciendo como setas, no parece que ofrezca garantía alguna de mejora real. Que quienes hace siete años rechazaron colaborar en el trabajo de la oficina insular, como es el caso de Formentera, pretendan ahora abanderar la lucha resulta poco creíble. Igual que absurdo es que los municipios con gobierno progresista sean los que abran oficinas propias para una materia en la que no tienen competencias en lugar de reclamar unidad de trabajo y gestión a sus superiores de su propio partido o socios de gobierno.