Por mucho que se publique, se diga o se divague sobre Llorenç Córdoba, sigue impertérrito amarrado a la presidencia del Consell, legitimado por el voto ciudadano. Esta semana hemos conocido que Sa Unió decía la verdad y se ha confirmado que Córdoba maniobró para compensar los gastos que tiene como diputado con un sobresueldo, gracias a las grabaciones publicadas en exclusiva por este rotativo. Que su familia pase por un momento de dificultad económica, no es argumento para exigir que sean las arcas públicas las que la mejoren. Pedir una compensación económica escondido tras el velo de los supuestos intereses de Formentera demuestra muy poco conocimiento de la administración. Este escándalo ha dinamitado las posibilidades de la derecha en la isla para los próximos lustros y adelanta un regreso que ya es vox populi: el de Jaume Ferrer.
Por su parte, el PP de Alcaraz no ha podido gestionar peor esta crisis desde el momento en que sobredimensionó el comunicado errático de Córdoba, en el que cuestionaba su apoyo parlamentario a Prohens. La sobreactuación de Sa Unió destrozó cualquier posibilidad de reencuentro. Si bien es cierto que, sin Córdoba al frente, jamás hubieran ganado las elecciones, no es menos cierto que su continuidad en la presidencia del Consell de Formentera es insostenible, tras su nulo apoyo en el pleno y después de que hayamos conocido de su boca cuales eran sus intenciones. Corresponde a la oposición cambiar el tablero y mover ficha. Escudarse en que no han provocado esta crisis es un pobre argumento que contrasta con su responsabilidad en cuanto al funcionamiento de la institución. Su posición hasta ahora es cobarde y ha llegado el momento de desbloquear la gobernabilidad del Consell por el bien de los ciudadanos a los que se deben.