Los últimos capítulos del culebrón formenterés dan miedo. Lo de Llorenç Córdoba es ya una disparatada fuga hacia delante, caiga quien caiga y con unos asesores que o no tienen ni idea o están igual de zumbados que él.
Es gravísimo intentar obligar a los miembros de la Junta de Gobierno a que declaren desierta la adjudicación de los quioscos llevando a un controvertido empresario para que les explique a qué se exponen si no hacen lo que el presidente quiere. En el particular mundo de Córdoba, da igual lo que diga el secretario de la institución porque el experto en consecuencias legales es un tipo que, sin ninguna formación, ha ido a advertirles de que, o hacen lo que dice el presidente, o desfilarán todos por los juzgados. Coacción pura y dura y tipificada en el Código Penal.
Igualmente graves son los argumentos con los que los licitadores mejor valorados por la mesa de contratación han recusado a Córdoba y a su letrada de Recursos Humanos, Teresa Ferrer. Esta última, según el escrito de los afectados por esta locura, habría hecho el informe a favor de la postura del presidente justo después de que la entidad de cuentistas que preside, la OCB, recibiera una subvención directa de 11.000 euros. Los de la estelada llevan el trilerismo y la mamandurria incorporados de serie.
A Córdoba no le queda más salida que la dimisión para no destruir la institución que tanto costó tener. En el mejor de los casos, actúa por capricho y obsesión. Si no dimite, queda una única alternativa. Una moción de censura pactada con la oposición para desalojar de la presidencia a un lunático. No es lo normal pero, a estas alturas, es lo único que permitirá salvar la imagen y la honestidad del Consell y de sus consellers.