Por mucho que se quiera disfrazar, la realidad acaba siempre imponiéndose. El juego de la política en ocasiones resulta ser extremadamente ficticio y en muchos casos se intenta mantener una imagen pública que no se ajusta a la realidad, pretendiendo hacer ver que se actúa en un escenario totalmente controlado. Pero lo cierto es que el transcurso de los días va colocando a cada uno en su sitio.
Todavía resuenan las palabras de la recién investida presidenta del Govern Balear Marga Prohens, quien en su primera intervención en ese nuevo cargo afirmó con contundencia que iba a formar un gobierno del PP en solitario. En su algo más de un año de gobierno, la presidenta ya ha tenido varias oportunidades de comprobar que esa categórica afirmación era una absoluta falsedad.
La imperiosa necesidad que tiene de contar con los votos de la extrema derecha para poder aprobar cualquier propuesta que requiera de la mayoría absoluta dejan a su gobierno en minoría, que no en solitario, totalmente en manos de Vox, que es quien en realidad decide lo que puede o no puede hacer este Govern del PP.
Las zancadillas que desde Vox le van poniendo al Ejecutivo balear a lo largo del año se pueden ir disfrazando y de alguna manera disimulando. Ahora bien, cuando llegan los dos últimos meses de cada año y toca tramitar en el Parlament la Ley de presupuestos la cosa cambia y no suele haber posibilidad de disimulo que pueda valer. Llegado ese momento, y con un grupo parlamentario de la derecha sin mayoría absoluta, si se quieren aprobar los presupuestos del año siguiente no les queda más opción que acabar plegándose a las sectarias propuestas, o más bien exigencias, de la extrema derecha ya que tal como se ha reconocido desde el primer día son los socios prioritarios del Govern.
Recordemos que el año pasado acabaron incluyendo una partida de 20 millones de euros en los presupuestos para aplicar un programa de segregación lingüística en nuestras aulas, si bien el mismo y gracias a la actitud de rechazo que se mantuvo desde los colegios acabó siendo un fracaso estruendoso. Ahora volvemos a encontrarnos en esas mismas fechas críticas, en las que Vox tiene al Govern en las cuerdas del ring y ya ha empezado a golpear sin miramiento alguno.
Por si lo dicho hasta ahora no fuera lo suficientemente preocupante, a todo ello se le ha sumado otra circunstancia que todavía embarra más la situación. Me estoy refiriendo al imperdonable error, si bien hasta la fecha nadie ha pagado por ello, cometido por el PP al votar a favor de 34 enmiendas presentadas por Vox en una reciente tramitación parlamentaria de una ley, que supusieron un verdadero torpedo lanzado a la línea de flotación de nuestra Comunidad Autónoma.
El portavoz del Govern y responsable de los presupuestos salió rápidamente a anunciar un próximo decreto que anularía la efectividad de todas esas enmiendas de la extrema derecha, que previamente había aprobado. Eso no ha gustado nada a la extrema derecha que ya ha dejado caer la posibilidad de utilizar tal circunstancia en la negociación de los presupuestos. Al disgusto de Vox en nuestro Parlament se le une la consigna del máximo responsable del partido de condicionar cualquier negociación al rechazo de cualquier acuerdo sobre inmigración con el Gobierno del Estado.
Desde la derecha no se quiere ni tan siquiera plantear la posibilidad de que no se aprueben unos nuevos presupuestos para 2025, pero si tal cosa acabara ocurriendo siempre se podría optar por la prórroga de las cuentas del presente año. Esa opción es perfectamente válida y legal, si bien no deja de ser algo que no sería deseable ya que ello siempre condiciona lo que en principio se hubiera podido programar para el próximo año.
Ello además y por extensión acabaría afectando gravemente a las cuentas anuales de terceras instituciones, entre ellas nuestro Consell Insular. La importancia que los presupuestos de la Comunidad Autónoma tienen sobre los insulares queda meridianamente claro si señalamos que el 60% de los ingresos que recibe el Consell Insular provienen de esos presupuestos autonómicos. Con ello también podría quedar en el aire la financiación vía convenios de diversos proyectos ya que dicho dinero debería llegar a partir de un nuevo presupuesto del Govern.
La última decisión en la tramitación de las cuentas de 2025 está en manos del socio prioritario del PP, la extrema derecha. Ellos son quienes deciden si bendicen o entierran las cuentas del Govern para el próximo año, condicionando de rebote el proyecto del Consell. Estando en la oposición tanto en Palma como en Eivissa, la extrema derecha será quien decida. A eso se le llama una bofetada en toda regla a la sociedad insular en general, que es la que más tiene que perder.