Los pequeños propietarios vuelven a ser las víctimas del delirio del Gobierno. Llevan 8 años gobernando y de lo único que han sido capaces es de aumentar más de un 50% el precio de la vivienda y situarla como la principal preocupación de los españoles (cuando antes era la decimosegunda preocupación, según el CIS). Por si fuera poco, han fomentado un frente abierto entre propietarios e inquilinos, criminalizando a los primeros y sobreprotegiendo a los segundos, en un clima de polarización que pretenden rentabilizar electoralmente, pues qué moroso u okupa se va a resistir a votar a un presidente que les ampara?
Tras el clamoroso fracaso de la Ley Ómnibus en la que pretendían colar la suspensión de los desahucios con la subida de las pensiones, Sánchez se ha apresurado a aprobar un decreto con el apoyo de su fiel y servil PNV para prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2026 los lanzamientos de inquilinos condenados a desalojar un inmueble por impago o expiración de contrato. Es decir, aunque le dejen de pagar la renta y los suministros, usted no podrá echar a sus inquilinos morosos porque el Gobierno ha decidido trasladarle a usted la obligación de hacerse cargo de ellos. Da igual que no vaya a recuperar ese dinero nunca, es más, usted deberá seguir pagando el agua, la luz y la comunidad de su inquilino. Los únicos que se libran son aquellos que disponen de tan sólo uno o dos inmuebles, el resto están condenados cruzar el páramo de una justicia maniatada.
En lugar de ser el Estado el que promueva políticas públicas para atender a las personas vulnerables, el PSOE ha decidido que es más cómodo que lo haga usted y ellos se cuelguen la medalla. La seguridad jurídica es una entelequia para los propietarios. Sánchez legisla y usted paga la factura.