Estamos fallando a las víctimas

Es desolador comprobar, caso tras caso, que los miles de millones invertidos en protocolos, sistemas de alerta y recursos para proteger a mujeres amenazadas no han logrado cerrar el círculo de seguridad que prometían. Una mujer de 31 años en Sant Antoni de Portmany fue atacada por su expareja y padre de sus hijos, pese a tener una orden de alejamiento vigente. El hombre la dejó en estado grave con traumatismo craneal, y también hirió a su madre y a su hermana. Lo más indignante es el relato de la familia: la pulsera telemática de protección que debía alertar de la proximidad del agresor «no sonó» y, por tanto, no activó una respuesta eficaz. Las autoridades —el Ministerio de Igualdad— sostienen que el sistema funcionó, pero reconocen que solo alcanza eficacia óptima con distancias de alejamiento que los jueces no están aplicando (350 m. frente a los 100 m. fijados en este caso). Que un dispositivo que debería ser la primera barrera de protección dependa de parámetros técnicos tan rígidos y de decisiones judiciales sin perspectiva real de riesgo es una ridiculez con consecuencias fatales. Este lamentable episodio pone de manifiesto que la sociedad está fallando estrepitosamente a las víctimas de esta lacra social. Por muchos lazos morados y minutos de silencio que se hagan, si no se aplican medidas de seguridad efectivas y realistas, no avanzaremos. Se diría que se dictan medidas de protección al tuntún, burocráticamente, sin pensar ni evaluar si son viables, fiables y útiles. Es inaudito que, a estas alturas, las administraciones se culpen unas a otras, que la protección dependa de si una pulsera ‘suena’ o no, y que todavía tengamos que lamentar mujeres gravemente heridas por fallos que eran previsibles y evitables. El país necesita medidas contundentes y no maquillajes de eficacia. Defender la vida de las víctimas debe ser, sin excusas, la prioridad absoluta.