Una de las noticias que más me impactó el año pasado fue la denuncia realizada por el personal de casals d’estiu de Barcelona sobre cómo, a partir de los 12 años, las niñas musulmanas desaparecían del espacio público. Los monitores trabajaban en el conflictivo barrio de El Raval y aseguraban que habían trasladado al Ayuntamiento en varias ocasiones este hecho sin que el socialista Jaume Collboni hubiera reaccionado. Aquello me hizo pensar en cómo en nuestro país las menores musulmanas podían compaginar nuestra realidad con la de sus propias familias. Tengo amigas marroquíes que en Ibiza no van a la playa de Figueretes porque tienen miedo a ser insultadas y agredidas por sus propios compatriotas. Por no usar burkini. Mi hija comparte pupitre y risas con niñas que todo indica que tendrán problemas en cuanto llegue la edad de decidir si se ponen o no el pañuelo. En Barcelona, trabajé con hombres musulmanes a los que les bastó la promesa familiar de un viaje a La Meca para convertir el Corán en su único modo de vida.
No estamos ante casos aislados. No acepto ya que me digan que eso son anécdotas. Esa es una realidad que se está dando aquí. El Consell admite ahora que ha llegado a retirar tutelas por la conflictividad entre menores musulmanas y sus propias familias. Por motivos religiosos. Y todo en una isla donde cada año se destinan más recursos a promover la igualdad desde que los niños y niñas son bien pequeñitos.
Con este asunto pasa algo parecido a lo que ocurre con la violencia de género: el relato político funciona mejor que la realidad. Lo hemos visto esta semana cuando la ministra de Igualdad se ha negado a aceptar que la pulsera de la víctima de Sant Antoni no funcionó cuando tenía que funcionar. Estoy segura de que la socialista irá el 8M de morado a manifestarse por las mujeres. Pero en ese «mujeres» no entran ya ni la de Sant Antoni ni las adolescentes musulmanas.