Mi vida es mía y no tuya

El caso de Noelia Castillo, una joven de 25 años gravemente enferma que decidió poner fin a su vida en el marco de la legalidad vigente en España, ha vuelto a poner el siempre espinoso asunto del derecho a una muerte digna de plena actualidad en España. Y, una vez más, asistimos al mismo espectáculo de quienes no están dispuestos a aceptar una decisión individual y pretenden imponer su moral al conjunto de la sociedad. Desde el punto de vista legal, no hay discusión. Incluso el Tribunal Constitucional avaló la constitucionalidad de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia en marzo de 2023, al tratarse de una norma que reconoce este derecho bajo determinadas condiciones. En el caso de Noelia se ha cumplido el procedimiento, se han verificado los requisitos por los tribunales y la decisión ha sido adoptada por una mujer adulta, en pleno uso de sus facultades. Punto. Pero es que, además, desde el plano moral tampoco debería haber debate. La moral, cuando se impone, deja de ser moral para convertirse en dogma. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando determinadas convicciones pretenden condicionar la vida (y la muerte) de los demás. Nadie obliga a nadie a recurrir a la eutanasia. Pero impedir que alguien lo haga es, en la práctica, obligarle a vivir contra su voluntad, que es una forma de violencia. Históricamente, el ser humano ha decidido poner fin a su vida en múltiples contextos. El suicidio, aunque doloroso, ha existido siempre. Negar esa realidad es absurdo. Lo que hace la eutanasia es dotar de garantías, control y dignidad a una decisión extrema. Podrá no gustar, pero es una decisión legal y legítima. Y, sobre todo, es una decisión que solo corresponde a quien la toma. Todo lo demás es una preocupante incapacidad para respetar la libertad individual. Y sembrar dudas sobre la salud mental de Noelia es mezquino. Déjenla en paz.