El 30 de diciembre de 2022 se estrenó Machos Alfa, una serie de televisión emitida en Netflix y creada por los hermanos Caballero, afamados por ser los responsables de éxitos como Aquí no hay quien viva o La que se avecina, que cuenta en su haber con cuatro temporadas y un excepcional reparto. En ella se narran las andanzas de Santi, Raúl, Pedro y Luis, cuatro amigos cuarentones que, para adaptarse a las nuevas tendencias marcadas por el empoderamiento femenino, realizan un curso de deconstrucción de la masculinidad que ponen en práctica en situaciones cotidianas con un resultado desternillante. A lo largo de su trama, concretamente en el octavo capítulo de su tercera temporada, Raúl le cuenta al resto de la pandilla, en el descanso de su tradicional partidillo de pádel entre colegas, que piensa casarse con Marimar, lo que Santi considera «equivocarse adrede», pues va a tomar una mala decisión a sabiendas, porque no se casa por amor, sino porque Luz, el amor de su vida, va a contraer matrimonio con Paz.
Y es que parece que lo de tomar decisiones erróneas a propósito está de moda, pues solo así puede entenderse la promulgación de la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, una norma cuyo loable objetivo consistía en reformar el sistema judicial español para modernizarlo, racionalizarlo y hacerlo más eficaz, cuando la realidad está demostrando más bien todo lo contrario. Porque esta norma introduce, por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico, la obligatoriedad de agotar algún medio de resolución extrajudicial de controversias antes de acudir a los tribunales de justicia con la finalidad de reducir la litigiosidad y las cargas de trabajo. Pero, dada su imposición, lejos de reducir la entrada de asuntos más bien ha devenido en un evidente obstáculo al ejercicio del derecho de acceso a la justicia, tanto por tiempos como por costes, convirtiéndose a la postre en un mero formalismo sin más. No puede llegar a entenderse cómo es posible que se exija este requisito previo en aquellos procedimientos judiciales tan necesitados de una rápida respuesta como son los desahucio por falta de pago de la renta o por expiración del plazo pactado. A esto súmenle que la ausencia de criterios claros establecidos en la norma sobre el cumplimiento del requisito está dando lugar a interpretaciones judiciales distintas que, en definitiva, abocan a los justiciables a auténticos laberintos procesales sin solución.
Pero, por si fuera poco, la misma norma prevé una modificación de raíz de toda nuestra estructura judicial para racionalizar recursos y homogeneizar la respuesta del sistema a través de un cambio de la arquitectura interna de los órganos consistente en suprimir los tradicionales juzgados unipersonales para incardinarlos en un único tribunal colectivo dividido en secciones formadas por distintos jueces que son auxiliados por funcionarios integrados en una única oficina judicial. Para que lo entiendan, un cambio radical que, irónicamente, tan solo se traduce en que idéntico número de personas resuelvan el mismo número de procedimientos moviéndolos de sitio y cambiando la cartelería. Vamos, una iniciativa low cost ejecutada con un alto grado de precipitación cuyo nulo resultado era bastante previsible. Ya saben que los experimentos mejor en casa y con gaseosa.
Lo grave es que esto tiene toda la pinta de acabar en un colapso absoluto de la justicia española. Que se lo digan a los jueces de las plazas 5 y 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional que se han marcado unas resoluciones constatando el hundimiento de sus juzgados tras la entrada en funcionamientos del nuevo modelo de tribunales de instancia debido a la falta de personal a su servicio. No sé, tal vez esperaban que un número de jueces por ratio de población ínfimo, con unas plantillas raquíticas y unos medios informáticos desfasados se convirtieran de la noche a la mañana, por arte de birlibirloque, cambiando los carteles y sin invertir parné, en una justicia moderna y eficiente. ¡Montoya por favor!
Más bien nos encontramos ante un nuevo hito en la decidida voluntad de acorralar en su ardua labor a los jueces y magistrados patrios, que ahora incluso carecen de un juzgado propio que dirigir y del que responder. Se ha cortocircuitado su vínculo con sus consolidados equipos de trabajo, que se han visto reducidos, desdibujados y redistribuidos de forma deficiente en perjuicio de los servicios de mayor relevancia. Un paso más de los muchos que se han dado para desautorizar al único elemento independiente que pulula por la Administración de Justicia hasta el punto de quedar reducidos a meras gallinas ponedoras. Porque es cierto que conservan la labor de juzgar y ejecutar constitucionalmente atribuidas. Pero las demás funciones jurisdiccionales han sido entregadas a quienes se encuentran bajo la dependencia ministerial, como la ordenación completa del proceso, incluido el señalamiento de las vistas, que se encuentra en manos de los Letrados de la Administración de Justicia, casualmente dependientes de la Secretaría General homónima. En la perpetración de este plan perfectamente orquestado tan solo falta dar la puntilla y sustraer a los jueces la instrucción penal para entregársela al Ministerio Fiscal dependiente del gobierno de turno. Y, así ya, apaga y vámonos. Game over.
Decía Licurgo, aquel visionario legislador espartano al que describiera Plutarco en sus vidas paralelas, que «lo importante de las leyes no es que sean buenas o malas, sino que sean coherentes, pues solo así servirán a su propósito». Y es que al legislador tan solo se le pide un mínimo de conocimiento y sentido común, pues sin inversión la eficiencia legalmente perseguida queda reducida a una mera declaración de intenciones con la que el Estado de Derecho se erosiona mientras el sistema sobrevive a duras penas por mera inercia y vocación de aquellos servidores públicos que, como los soldados a las órdenes de Licurgo, constituyen la verdadera e indestructible muralla de Esparta. Ya ven, equivocarse adrede…