¡Desalojen!

Hoy le toca al asentamiento chabolista de sa Joveria, en Vila, el más grande de la isla, que este martes será desalojado y quienes allí malviven, privados de un techo, por precario y pobre que sea. Es la consecuencia lógica de una isla donde el acceso a la vivienda ha dejado de ser un derecho para convertirse en un privilegio. Decenas de personas —alrededor de 130— han vivido allí en infraviviendas levantadas con palés y plásticos, en condiciones insalubres, sí, pero también en condiciones inevitables para quienes trabajan en la propia economía que sostiene Ibiza. Esta es la gran contradicción. Muchos de los residentes del asentamiento no son marginales ajenos al sistema, sino trabajadores. Empleados de la construcción, de la hostelería, del aeropuerto. Personas que sostienen la maquinaria turística y que, sin embargo, no pueden pagar una habitación que supera con facilidad los 1.000 euros mensuales. Ante esta realidad, la respuesta institucional se limita a desalojar. Se argumentan motivos de seguridad, salubridad o legalidad urbanística. Todo ello es cierto. Pero también es incompleto. Tras cada desalojo, por muy legal que sea y por mucho que lo ordene un juzgado, no hay una solución, sino un desplazamiento del problema. Ayer Can Rova, hoy sa Joveria, mañana otro asentamiento. Estamos en un bucle que evidencia el fracaso colectivo. Y en este contexto, el discurso de quienes plantean soluciones aún más expeditivas. Las amenazas de Vox, que abogan no solo por el desalojo, sino por retirar asistencia sanitaria, acceso a ayudas básicas y proceder a la deportación inmediata de los habitantes. Pero decirlo desde el atril de la sala de prensa del Parlament o desde las redes sociales es más fácil que hacerlo. Pero les da igual. Ibiza está profundamente herida y fracturada entre quienes pueden pagarla y quienes la hacen funcionar.