Se da en nuestra isla una paradoja perversa: trabajadores con contrato y nómina que no tienen acceso a una vivienda digna. Ni siquiera a una habitación en un piso compartido. Uno de los saharauis desalojados del campamento de Sa Joveria esta semana relataba cómo, aun cobrando 1.500 euros al mes en la cocina de un hotel, no podía acceder a una habitación porque la propietaria le pedía 2.000 euros solo para entrar. Sin contrato. Sin garantías. ¿La alternativa? La chabola.
El alcalde Triguero, visiblemente afectado por el desalojo, planteaba allí mismo una realidad incómoda: si no pueden estar aquí, que se vayan. Y, en el fondo, no le falta razón. Pero tal vez el debate debería ir un poco más allá. Si hay sectores que dependen de mano de obra que no puede permitirse vivir en la isla, puede que haya llegado el momento de replantear el modelo.
El turismo es nuestra única industria. Pero lleva tiempo generando tensiones evidentes. Sobre todo en la vivienda. Y deberíamos hacernos ya una pregunta más que legítima: ¿hasta qué punto ha de asumir la sociedad ibicenca el coste habitacional de los trabajadores de esta industria? El ciudadano ya contribuye con sus impuestos a mantener las infraestructuras y servicios de los que se beneficia el sector. ¿Por qué ha de asumir también el del alojamiento de sus trabajadores de temporada?
Plantear esto no es fomentar la turismofobia. Es poner sobre la mesa un problema que nos está destrozando como sociedad mientras las cuentas de resultados de estas empresas baten récords cada año.
Si el sistema necesita trabajadores que no pueden vivir aquí y solo les ofrece la alternativa del piso patera, la caravana o la chabola, está definitivamente roto. Si, además, les manda constantemente el mensaje de que lo mejor es que no vengan, es que el cinismo se ha instalado en el centro del modelo. Normalizar esta situación mientras se presume de éxito cada verano no es progreso. Es retroceder muchas décadas. Demasiadas.