El informe del Consell de Ibiza sobre el caso Amadiba resulta muy llamativo porque, si las cosas sucedieron como se relata en esas 140 páginas, no estaríamos ante simples irregularidades sino ante un modelo de gestión que bordeaba, o directamente vulneraba, los controles legales más básicos.
La presunta trama se montó en base a un objetivo muy loable: dar a la isla la red de servicios sociales para personas vulnerables de que la que esta carecía. Lo primero que se me viene a la cabeza es cómo en la legislatura 1999-2003 la hoy estupendamente colocada por Sánchez Sofía Hernanz puso en manos de un consorcio catalán la gestión de buena parte de los servicios sociales de Ibiza con objetivos también muy loables. No era ilegítimo, cierto, pero sí incoherente puesto que la izquierda siempre ha dicho rechazar este tipo de gestión.
Aquellos del consorcio y quienes los siguieron se ve que no hicieron nada. Y en 2016 apareció Amadiba con la pretensión de poner orden. Dio con una consellera, Lydia Jurado, que desde Podemos, entonces el partido «de la gente», pensó que era mucho mejor convertir a los vulnerables en negocio privado que atenderlos directamente desde lo público.
El informe es una relato profusamente documentado sobre cómo el Gobierno insular del PSOE y Podemos se encontraba en medio de decisiones adoptadas al margen de los procedimientos, de servicios que se prestan sin encargo claro, de facturas millonarias sin cobertura administrativa sólida. Hablamos de más de 2 millones de euros de dinero público reclamados por Amadiba por una actividad que, según el informe, nadie ordenó ni supervisó como marca la ley.
Lo más preocupante no es que esto ocurriera sino que, ante las denuncias presentadas por quienes sabían lo que estaba sucediendo, la Oficina Anticorrupción de Armengol (te tienes que reír) se lavó las manos. Lo mismo hizo la Fiscalía Anticorrupción. Y yo me pregunto: ¿cuántas veces este tipo de prácticas quedan en un limbo en el que nadie asume nada y en el que no hay consecuencias?