La figura jurídica del pacto sucesorio está profundamente vinculada a nuestra realidad histórica y social. Se trata de una institución, regulada en el libro III de la compilación de derecho civil propio de les Illes Balears, que está estrechamente ligada a la forma en que durante siglos los ibicencos hemos organizado nuestra vida y nuestro patrimonio.
Los pactos sucesorios sirvieron para evitar controversias entre herederos, para que las fincas no acabaran divididas y para dejar las cosas arregladas. Se trataba de anticipar la herencia, de un acuerdo entre padres e hijos, evitando así rupturas y descontentos. Significaba la tranquilidad.
Pero no solo ayer, sino hoy también los pactos sucesorios cumplen una función profundamente humana y social. En tiempos difíciles, permiten a muchos padres apoyar a sus hijos en vida cediéndoles patrimonio, ayudándoles a desarrollar un futuro sin necesidad de esperar a que la herencia llegue (quizás, demasiado tarde).
Pues bien, por esa vinculación tan profunda con la realidad social resulta sectario e inmoral que desde la izquierda ibicenca, con un PSOE desquiciado al frente, se insista en menospreciar esta institución histórica como si se tratase de una herramienta para ocultar patrimonio y defraudar a manos llenas. Los pactos sucesorios no son corrupción. No son mordidas, ni donaciones maquilladas, ni alzamientos de bienes, ni estructuras paralelas.
Sin embargo, el PSOE ibicenco cree haber descubierto América. Desde hace unas semanas, sus intelectuales se acuestan cada noche convencidos de que han encontrado un filón. De repente, una figura histórica del derecho civil pitiuso, utilizada durante generaciones para organizar la casuística hereditaria, pasa a ser tratada como si escondiera automáticamente una intención fraudulenta. Como si ordenar el patrimonio familiar en vida fuera algo indigno e indecente. Y todo ello solo porque han decidido retorcer el sentido de esta figura para construir un relato político del que se van a quedar colgados de la brocha.
No es la primera vez que el PSOE mete sus manos sobre esta figura. Lo hicieron cuando manosearon los pactos sucesorios desde una ley estatal, alterando su tratamiento fiscal, demostrando hasta qué punto son capaces de transformar una figura centenaria para adaptarla a su ideología.
Y lo volverán a hacer.
Porque este es el PSOE que tenemos. Un PSOE capaz de todo —y también de lo peor— para desgastar al adversario político. Pero no todo vale. No vale deformar el sentido de los pactos sucesorios hasta convertirlos en una operación fraudulenta solo porque oportunidad política lo exige. No vale tratar como sospechoso a quien utiliza una institución plenamente legal para ordenar en vida su patrimonio familiar. Y, sobre todo, no vale atacar una parte de nuestra tradición jurídica solo para construir una campaña de desgaste político como lo haría quien necesita convertir cualquier anécdota en un escándalo para intentar sobrevivir.