Hay decisiones que una administración no adopta contra nadie, sino a favor de algo mucho más importante: a favor de la ciudad, de su patrimonio y del derecho de los ciudadanos a disfrutar de aquello que les pertenece. La petición del Ayuntamiento de Eivissa para recuperar el uso de la Antiga Universitat, la Capella del Salvador y el Baluard de Santa Tecla responde exactamente a esa lógica.
No hablamos de una reivindicación improvisada ni de una cuestión menor. Hablamos de tres espacios emblemáticos de Dalt Vila, integrados en un conjunto histórico declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, cuya titularidad nunca dejó de ser municipal. En 1975, hace ya más de medio siglo, el Ayuntamiento cedió su uso al entonces Ministerio de Cultura con una finalidad concreta. Cinco décadas después, esa finalidad no se está cumpliendo como merece la ciudad. Y cuando una cesión pública deja de servir al interés público que la justificó, lo responsable es revisarla.
El Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera permanece cerrado desde hace más de 20 años. La Antiga Universitat y la Capella del Salvador, vinculadas a ese uso museístico, llevan demasiado tiempo fuera del alcance de vecinos, visitantes, investigadores y amantes de nuestro patrimonio. No son espacios cualquiera. Son parte de la memoria cultural de Eivissa. Son bienes patrimoniales con valor histórico, educativo y simbólico. Y, sin embargo, permanecen cerrados, sin actividad y sin cumplir la función para la que fueron cedidos.
El caso del Baluard de Santa Tecla es especialmente significativo. El Ayuntamiento lleva décadas defendiendo la recuperación integral del recinto amurallado renacentista de Dalt Vila. Hemos trabajado para mejorar recorridos, poner en valor espacios, reforzar la conservación y acercar el patrimonio a la ciudadanía. Pero hay un solo punto del itinerario que sigue interrumpido: Santa Tecla. Es, a día de hoy, la única zona del recinto amurallado que continúa cerrada al público. Una muralla concebida como un conjunto patrimonial, paisajístico y cultural no puede seguir teniendo una parte esencial bloqueada por la inacción.
Nuestra posición es clara: primero hay que recuperar el uso. Después, con diálogo y responsabilidad, se tratará la gestión con las instituciones implicadas. Pero lo que no podemos aceptar es que el patrimonio municipal siga cerrado indefinidamente mientras pasan los años, cambian los gobiernos y se acumulan las promesas. Nosotros no hemos venido a ver pasar el tiempo.
Esta petición de reversión no debe entenderse como un gesto aislado. Forma parte de una preocupación mucho más amplia: la prueba, cada vez más evidente, de que Eivissa no recibe del Gobierno central la atención, la diligencia ni el compromiso que merece. Y no hablamos de percepciones abstractas. Hablamos de hechos acumulados.
Lo vemos en los acantilados de Dalt Vila, donde el Ayuntamiento ha reiterado en numerosas ocasiones la necesidad de intervenir para garantizar la seguridad, proteger el entorno y preservar uno de los perfiles patrimoniales más valiosos de la ciudad. Lo vemos en las viviendas para la Policía Nacional, una necesidad evidente en una isla donde el problema de la vivienda afecta también a los servidores públicos que deben garantizar la seguridad de todos. Lo vemos en la Biblioteca Nacional prometida para Eivissa, un proyecto anunciado hace años y que sigue sin materializarse. Lo vemos en el Museu Arqueològic, cerrado desde hace más de 20 años. Y lo hemos visto de nuevo estos días con los campos de boyas de Talamanca, después de años de espera, cuando el Estado parece desentenderse ahora de un proyecto imprescindible para ordenar los fondeos y proteger nuestro litoral y nuestra Posidonia, también parte de nuestra declaración como Patrimonio Mundial de la UNESCO.
La pregunta es sencilla: ¿cuánto tiempo más debe esperar Eivissa?
Eivissa no puede ser importante solo en los discursos. No puede aparecer como joya patrimonial, destino internacional, enclave cultural y territorio estratégico únicamente cuando conviene adornar una intervención institucional. Ser Patrimonio Mundial no es una etiqueta para presumir; es una responsabilidad. Y esa responsabilidad obliga a todas las administraciones, también al Gobierno de España.
El Ayuntamiento de Eivissa está haciendo su parte. Estamos impulsando actuaciones para mejorar Dalt Vila, dinamizar el patrimonio, mejorar sus calles y plazas, recuperar espacios urbanos, reforzar la conservación y abrir la ciudad histórica a los ciudadanos. Lo hacemos con nuestros recursos, con planificación y con una idea clara: el patrimonio no puede ser un decorado inmóvil, sino un elemento vivo, accesible y útil para la sociedad.
Pero una ciudad no puede avanzar si una administración cumple y otra mira hacia otro lado sólo porque el color del gobierno es diferente. No podemos pedir a los vecinos paciencia eterna ante proyectos bloqueados. No podemos exigir comprensión ante retrasos indefinidos. No podemos aceptar que Ibiza, una ciudad con una presión territorial, turística, patrimonial y social tan intensa, quede siempre al final de la lista de prioridades del Estado.
Estos espacios pueden y deben tener vida. Pueden reforzar la oferta cultural de Eivissa, mejorar la experiencia de visita de Dalt Vila, abrir nuevas posibilidades educativas y patrimoniales, y devolver a los ciudadanos una parte de su historia. Pero para eso hay que tomar decisiones. Y el Ayuntamiento está dispuesto a tomarlas.
Durante demasiado tiempo, nuestra ciudad ha escuchado explicaciones, promesas y buenas palabras. Ha llegado el momento de los hechos. Si el Gobierno central no puede, no sabe o no quiere garantizar que estos espacios estén abiertos, cuidados y al servicio de la ciudadanía, debe permitir que lo haga quien sí tiene voluntad, cercanía y responsabilidad directa con la ciudad.
Eivissa merece que su historia se cuide. Merece que su patrimonio se visite. Merece que sus proyectos avancen. Y merece, sobre todo, que ninguna administración vuelva a ignorarla.