El Tribunal Supremo ha impuesto durísimas condenas a José Luis Ábalos y Koldo García por la trama de corrupción que montaron en el Ministerio de Transportes de Pedro Sánchez, el corazón del poder socialista en uno de los episodios más graves de los últimos años. Mientras ambos afrontan penas de enorme severidad, la izquierda ha centrado su indignación en otro aspecto de la sentencia: el trato favorable dispensado a Víctor de Aldama. Resulta llamativo. Aldama ha obtenido una condena muy inferior porque hizo exactamente lo que el Código Penal y la jurisprudencia premian desde hace décadas: colaborar con la Justicia, confesar los delitos, facilitar el esclarecimiento de los hechos y reparar el daño causado. No se trata de un privilegio, sino de un mecanismo jurídico perfectamente consolidado que ha permitido desentrañar muchos casos de corrupción. Lo sorprendente es que quienes hoy rasgan sus vestiduras jamás mostraron semejante rechazo cuando los arrepentidos servían para sentar en el banquillo a miembros del Partido Popular.
En Ibiza se recuerda perfectamente el caso Scala, donde la confesión de Antònia Ordinas y Kurt Viaene resultó determinante para condenar a 16 años de prisión a Josep Joan Cardona. Entonces nadie cuestionó la legitimidad de las atenuantes por colaboración, ni consideró excesiva la pena. Muy al contrario, aquellos testimonios fueron celebrados como una victoria de la Justicia frente a la corrupción. Los delincuentes arrepentidos nunca molestaron cuando ayudaban a condenar al adversario. Criticarlos ahora porque sus revelaciones afectan a los propios lo dice todo. Mejor sería que dieran las gracias al tribunal y a Aldama, que para ser tan mentiroso, no ha mentido en lo que se refiere a Francina Armengol. ¿O sí? Más les convendría ser prudentes, porque Aldama dijo no haber pagado ninguna comisión en Baleares. ¿Es mentiroso o no lo es?