Hay chiringuitos y chiringuitos. Los primeros sirven café, pescado fresco y recuerdos frente al mar. Los segundos sirven cargos y subvenciones. Curiosamente, los que están amenazados son los más inocuos, mientras los otros siguen creciendo a la sombra del gobierno.
Las casetas de pescadores y los chiringuitos tradicionales no son una anomalía urbanística. Son patrimonio. Forman parte del paisaje mucho antes de que llegaran los beach clubs de diseño, los megayates o quienes aterrizan en jet privado para dar lecciones de sostenibilidad. El proyecto de Ley de Costas aprobado por el Govern balear es una norma alentadora que, por fin, entiende que no todo lo construido junto al mar es un abuso urbanístico. Es el camino para evitar demoliciones como las de las casetas de Portinatx o los chiringuitos de Talamanca y Es Puetó.
Una caseta de pescadores no degrada el litoral, sino que lo explica. Un chiringuito no privatiza la costa, sino que ofrece un servicio y garantiza la limpieza y el cuidado de la playa, convirtiéndose en memoria colectiva de generaciones de locales que hemos pasado los veranos bajo su apacible sombra proyectada por palmeras y cañizo. Lo curioso es que algunos movilicen cielo y tierra para salvar cualquier piedra centenaria, pero aplaudan que desaparezcan elementos que llevan décadas integrados en nuestro paisaje.
Mientras tanto, los auténticos chiringuitos siguen tan campantes. No están en la playa, sino en ministerios, observatorios, comisionados, oficinas y agencias donde se multiplican cargos, asesores y estructuras cuya principal función parece justificar su propia existencia. Esos no ocupan dominio público marítimo-terrestre, sino que okupan el presupuesto. A esos, por lo visto, no hay Ley de Costas que los alcance.