Las Illes Balears tienen en su litoral una de sus mayores riquezas. Sus playas, sus calas, su patrimonio marítimo y pesquero forman parte de nuestra identidad y son también motor de nuestra economía. Durante años, este espacio ha estado sometido a una presión creciente, fruto de la actividad humana, del turismo y del cambio climático. La costa no es infinita, y tampoco puede gestionarse con normas dispersas o parches improvisados. Por eso, una de las promesas de esta legislatura fue clara: dotar a Balears de una ley propia para proteger, ordenar y gestionar su litoral. Hoy podemos decir que cumplimos con la palabra dada.
La nueva Ley de Ordenación, Protección y Gestión Integral del Litoral sitúa a Balears a la vanguardia en la defensa de sus costas. No se trata solo de una norma administrativa: es un marco renovado que responde a los retos reales que tenemos por delante. Frente al aumento del nivel del mar, los temporales más intensos y la presión creciente sobre los arenales, la ley apuesta por la resiliencia, la conservación de los ecosistemas y una gestión responsable de playas y calas. En definitiva, un litoral más seguro, más sostenible y mejor ordenado.
Esta ley también protege nuestro patrimonio costero. Escars, varaderos, casetes de vorera y muelles tradicionales tendrán una norma con rango de ley que les protegerá. Con los nuevos registros insulares, se evita la pérdida de construcciones que forman parte de nuestra cultura marítima y se facilita su rehabilitación cuando sea necesario. Al mismo tiempo, las playas estarán mejor ordenadas: no es lo mismo un arenal urbano que uno natural o de especial protección, y la norma establece cómo debe organizarse cada espacio, qué usos se permiten y bajo qué condiciones.
La seguridad en el mar también gana fuerza. La regulación de la navegación en la franja de una milla desde la costa, con límites de velocidad para embarcaciones y motos náuticas, busca garantizar la convivencia entre bañistas, deportes sin motor y actividades económicas. Con ello, protegemos tanto la tranquilidad de nuestras playas como la seguridad de quienes disfrutan del mar.
Otro de los pilares es el nuevo marco económico. Por primera vez, Balears podrá definir tasas y criterios propios para los servicios de temporada, vinculando su explotación a parámetros de sostenibilidad, limpieza y calidad. Y lo hará con total transparencia, gracias a un registro público de concesiones, autorizaciones y declaraciones responsables. Es un paso decisivo para modernizar la gestión y asegurar que los beneficios revierten en el cuidado de nuestro litoral.
La ley también ordena competencias y refuerza la coordinación institucional. El Govern establece directrices y principios; los consells insulares planifican el litoral en su ámbito; y los ayuntamientos, que son quienes más cerca están de la realidad, gestionan sus playas y autorizan usos concretos. Todo ello con apoyo técnico y con una apuesta decidida por la inspección, el control y la sanción de ocupaciones irregulares o usos no autorizados.
Con esta norma, Balears gana seguridad jurídica. Por primera vez, todo el uso del dominio público marítimo-terrestre se integra en un único marco, en coherencia con el Estatuto y con el traspaso de competencias de 2022. Eso significa reglas claras y decisiones sometidas a evaluación ambiental. Y significa también más participación: la ciudadanía y el sector privado tendrán un papel en la conservación de un bien que es de todos.
La costa define quiénes somos. Es paisaje, cultura, economía y forma de vida. Esta nueva ley es la herramienta que necesitábamos para garantizar su futuro. Hoy reafirmamos un compromiso: cumplir con la palabra dada y proteger lo que nos hace únicos. Porque cuidar la costa no es solo una obligación política; es asegurar que las Illes Balears seguirán siendo un lugar donde vivir, trabajar y disfrutar de un mar que siempre nos da más de lo que pedimos.
El Consell de Govern aprueba este proyecto de ley, que deberá ser ratificado en el Parlament, esperando que su resultado vaya en la línea de los objetivos expuestos.
No te lo crees ni tu majete....., habría que empezar por cerrar todos los beach club que incumplen dicha ordenanza..... Pero ah!! sorpresa como vamos a tocar a los caciques de la isla, si son los que pagan nuestros vicios. Esta isla es un despropósito en manos de Matutes y sus cuatro amiguetes que os tienen a todos comprados. Ya está bien de fakes y mentiras para engañar a cuatro ignorantes