Emilia Pardo Bazán nació el 16 de septiembre de 1851 en La Coruña. Hija de una familia gallega noble y pudiente, propietaria entre otros del Pazo de Meirás, disfrutó de una completa formación hasta convertirse en figura esencial de la literatura española del siglo XIX y referente del naturalismo con obras como Los pazos de Ulloa, La cuestión palpitante o La tribuna, pero también en una firme defensora del feminismo y de los derechos de los mujeres, labor a la que dedicó gran parte de sus esfuerzos literarios dejando una huella imborrable en nuestro patrimonio social y cultural. Unas de sus principales creaciones fueron los cuentos, llegando a escribir más de 500 a lo largo de su vida. Entre los primeros que redactó destaca El indulto, publicado por primera vez en la Revista Ibérica de Política, Literatura, Ciencias y Artes en 1883, más tarde en el libro de cuentos La dama joven de 1885 y, finalmente, entre los Cuentos de Marineda de 1920. Se trata de un relato corto que, con un estilo crudo, sórdido y descriptivo, denuncia la violencia machista y la injusticia social hacia las mujeres a través de la historia de Antonia, una humilde lavandera cuyo marido mató a su madre para apropiarse de sus bienes y que vive angustiada por la amenaza de muerte que éste le lanzó ante la posibilidad de su inminente liberación por indulto real, lo que finalmente acontece con un desenlace duro, triste y estremecedor.
En él se destripa la situación de desamparo de su protagonista por la concesión de un indulto, una gracia generalizada desde la instauración del Estado liberal que todavía perdura en la actualidad encontrándose constitucionalmente reconocida. La medida, cuestionada por juristas de todo tipo y época, desde Beccaria a Concepción Arenal, constituye un acto discrecional no exento de controversia que implica la imposición de una decisión política que deja sin efecto una sentencia firme de condena. Esta facultad, presente a lo largo y ancho de nuestra historia constitucional, ha contado en todo momento con la amplia oposición del Poder Judicial. Así lo señalaba Emilio Bravo, presidente del Tribunal Supremo entre 1982 y 1983, en su obra La gracia de indulto, al afirmar que «revistiendo, al parecer, este hecho un sentimiento plausible y de misericordia, encierra en el fondo una verdadera y terrible desconsideración para con la sociedad», sobre todo cuando parecen subordinarse las instituciones y las leyes penales al estado del país, a su situación, a sus necesidades y, en definitiva, a concretos intereses económicos, sociales o políticos de cuestionable origen y justificación. Por eso en este cuento la autora trata de distinguir nítidamente la inmutabilidad de la ley, desde su recta y firme aplicación, de la arbitrariedad que suponen los indultos, una subespecie de aleatorio premio de la lotería. Condena y suerte como en los amores apasionados. Porque, como precisa el cuento de la escritora gallega, «¡La ley! Esa entidad moral, de la cual se formaba Antonia un concepto misterioso y confuso, era sin duda fuerza terrible, pero protectora; mano de hierro que la sostendría al borde del abismo».
Y no, no nos corresponde resolver aquí y ahora la problemática que trae consigo esta controvertida figura, pero sí poner de relieve que se trata de un mecanismo que refleja la injusticia de un sistema en el que las penas realmente cumplidas no son las consecuencias exactas de los actos cometidos. Porque también desde el ámbito político ha sido ampliamente cuestionada esta medida de gracia tan graciosa. «Siento vergüenza de que un político indulte a otro, hay que acabar con los indultos políticos», afirmaba alegremente el actual presidente del gobierno antes de serlo, allá por el 2014, entendiendo el malestar que estas decisiones provocaban en la ciudadanía a propósito de alguno de los otorgados por su propia formación. Sin embargo, mientras nuestro país ardía por dentro y era violado por fuera, el BOE del 29 de julio publicaba el indulto parcial a la expresidenta del Parlamento de Cataluña, condenada por prevaricación, falsedad en documento público e inductora de un delito continuado de falsedad en documento mercantil, junto al del exalcalde de Linares y al del exdirector del centro Niemeyer, ambos condenados por delito de malversación de caudales públicos, que vienen a sumar 17 en lo que llevamos de 2026, incluyendo a las seis de la Suiza, cifra que supera ya los 12 concedidos en 2025.
Y es que desde 1996 los distintos gobiernos han concedido un total de 10.757 indultos, de los cuales 234 han sido a personas condenadas por delitos relacionados con la corrupción. El ejecutivo de Felipe González concedió miles de indultos, entre ellos el del expresidente de Cantabria, condenado por malversación, el del exalcalde de Marbella Jesús Gil o el del general Alfonso Armada, protagonista del Golpe de Estado del 23F. No le fue a la zaga el gobierno de José María Aznar, que concedió una cifra similar, entre otros, al exministro del Interior y al exsecretario de Estado, ambos condenados por el secuestro de Segundo Marey, a varios condenados por el caso Filesa e incluso al magistrado Gómez de Liaño. Tampoco Rodríguez Zapatero, que indultó a un gran número de personas, entre ellos al exconsejero del Banco de Santander justo en el último consejo de ministros antes de abandonar la Moncloa. También lo hizo Mariano Rajoy, que indultó a los condenados por prevaricación y malversación del caso Treball, a los dos comandantes sanitarios que falsearon las identidades de los militares fallecidos en el Yak-42 o al exalcalde de Valle de Abdalajís condenado por delito continuado de prevaricación urbanística. Y lo mismo hizo el actual gobierno, siendo los más sonados los concedidos a los líderes independentistas del procés condenados por delitos de sedición y malversación.
Y es que al final tenían razón las vecinas de Antonia cuando clamaban a coro en el famoso cuento aquello de «¡Qué leyes, divino Señor de los cielos! ¡Así los bribones que las hacen las aguantaran!».