La palabra «sostenibilidad» está muy en boga y por tanto se ha convertido estos últimos años en un concepto que se ha hecho muy popular. Es esta una palabra que hace algunos años solo se podía oír de boca de determinados representantes de colectivos ecologistas o de políticos progresistas. Del mismo modo, resultaba realmente difícil que se defendiera dicho concepto desde las filas conservadoras de la derecha política de nuestro país. Pero con los años las cosas se van transformando y las ideologías de la derecha se van adaptando a dicha transformación.
Hace un tiempo, que la derecha en nuestra isla defendiera en sus discursos y en sus diversas intervenciones públicas, la palabra sostenibilidad en referencia a nuestro territorio insular, resultaba casi imposible. Sin embargo, a lo largo de la presente legislatura, podemos observar como el concepto «sostenibilidad» sí ha empezado a aparecer como argumento utilizado por el sector conservador de la política, intentando adaptar su propio ideario político a lo que mayoritariamente se viene reclamando desde nuestra sociedad; si bien y en realidad no ha pasado de ser más que un simple argumento sobre el papel, que en ningún caso se ha acabado trasladando a la realidad.
Hasta la fecha, para la derecha de la isla la «sostenibilidad» no ha ido más allá de un hasta ahora insuficiente control de entrada de vehículos en Eivissa, dado que por más que se nos quiera vender lo contrario, los atascos en nuestra red viaria y en los núcleos urbanos siguen estando a la orden del día; el acuerdo alcanzado con alguna plataforma de alquiler turístico, para impedir gran parte de los anuncios ilegales, sin ninguna repercusión real en el mercado inmobiliario; o la lucha contra el taxi pirata, que hasta la fecha tan solo ha servido para que estos vayan cambiando sus principales puntos de captación de clientes, pero sin conseguir erradicar el negocio ilegal.
Por lo que podemos observar en el día a día de nuestra isla, poco o muy poco se ha avanzado en la consecución de un ritmo de vida y de economía que puedan definirse como sostenibles. Pero claro, es que además de los ejemplos antes mencionados, hay más apartados en los que de boquilla se defiende el concepto de «sostenibilidad» y, uno de los más importantes en nuestro territorio es el de la utilización de un bien tan preciado, escaso y necesario como es el agua. Suelen ser una constante cada año, las campañas institucionales de ayuntamientos, Consell y Govern, reclamando de nuestros residentes un uso consciente y correcto de ese preciado bien.
Casualmente estos últimos días el uso del agua potable disponible, ha venido siendo el punto de controversia en Eivissa. Todo se ha reavivado de nuevo a partir del injustificable derroche de agua, realizado por una empresa privada sin pertenencia al tejido empresarial de la isla, en un acto totalmente privado y con licencia concedida para ello por el Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany. La citada empresa montó una fiesta privada en una cantera en desuso, montando en dicho lugar un lago artificial de 850 metros cuadrados y 20 centímetros de profundidad, necesitando para su llenado alrededor de 170 toneladas de agua.
La citada fiesta y la licencia municipal otorgada para ello, son un autentico despropósito y el ejemplo más claro de que los discursos políticos van por un lado y las acciones de las instituciones cuando gobiernan van por el otro. Ahora, tanto empresa como Ayuntamiento, pretenden ofrecer explicaciones que se supone deberían minimizar el autentico desastre medioambiental que se perpetró con la fiesta.
Por un lado afirman que fueron menos de la mitad de las toneladas mencionadas, como si eso les absolviera de todo y, por el otro se afirma por parte del Ayuntamiento de Sant Antoni, que desconocían que se fuera a montar ese lago y que además, la empresa organizadora haría donación de 40.000 euros a Cáritas de Sant Antoni y otros 10.000 al Motoclub de Ibiza y Formentera.
Ambos argumentos son verdaderamente ridículos y no minimizan la gravedad que supone desperdiciar miserablemente 170 toneladas de agua en unos momentos de peligrosa sequia en la isla y, para el único disfrute de algo más de 300 asistentes durante unas pocas horas. La empresa, que solo buscaba su propio beneficio, con su argumento se burla de la sociedad ibicenca; pero en mi opinión la licencia otorgada por el ayuntamiento es grotesca y totalmente injustificable, con donaciones o sin ellas.
Sr. Alcalde Marcos Serra, de haber defendido la sostenibilidad en su municipio, en ningún caso debería haber concedido licencia para el mismo. Además el supuesto desconocimiento del polémico lago, deja en muy mal lugar a sus propios servicios técnicos, que demuestran no saber a qué conceden licencia y ahora desconocen si se podrá abrir expediente a la empresa por el derroche de agua potable. Mientras, si que se puede amenazar y sancionar a particulares y comercios residentes, que pagando sus impuestos sí sufren la falta del valioso liquido.