1952, Isla japonesa de Koshima. Unos científicos comprueban como una colonia de monos aprende a lavar patatas en el mar para quitarles la arena. Observan que este nuevo comportamiento se extiende rápidamente al resto de macacos a través del aprendizaje. Pero, además, aprecian que cuando esta conducta es repetida por un cierto número de animales, concretamente el denominado como mono cien, el hábito se extiende instantáneamente al resto de la especie incluso de otras islas cercanas. Fue el biólogo y antropólogo sudafricano Lyall Watson quien, en 1975, difundió por primera vez esta investigación, idea recogida en 1984 por Ken Keyes, si bien para ilustrar la difusión de los cambios en la sociedad a partir de los efectos devastadores que supondría una guerra nuclear. Se conformaba así una especie de leyenda urbana apreciada por todo tipo de gurús, sectas y libros de autoayuda con una aplicación práctica que perdura hasta nuestros días.
El bulo del centésimo mono fue desmontado por la escéptica investigadora Elaine Myers, que partiendo del trabajo original descartó que los informes con los que se contaban resultaran suficientes para confirmar la teoría de Watson. Pero, aun siendo completamente desacreditada, había conseguido calar entre psicólogos y sociólogos al venir referida esta teoría al hecho de que una nueva idea, comportamiento o habilidad se propaga rápidamente en la sociedad cuando se alcanza un número determinado de fieles adeptos. En cuanto esa masa de individuos alinea sus pensamientos en un determinado sentido se crea un efecto dominó que influye en la conciencia colectiva. Es entonces cuando se convierte en un dogma de fe que moldea el pensamiento de forma generalizada sin que los individuos se paren a cuestionar su origen, justificación o motivación. Vamos, lo de Ricky Martin, el perro y la mermelada.
Pues bien, hay que recuperar esta vieja teoría del ostracismo cuando, recientemente y en menos de 24 horas, se han llegado a publicar hasta tres estudios demoscópicos, por entidades sin atisbo alguno de parcialidad, que vienen a concluir que más del 65% de la población española cree que existe lawfare en nuestro país, eso sí, sin especificar qué parte de ese porcentaje sabría definir esta compleja figura tan de moda. Ya saben que las casualidades en política no existen, por lo que cabría intuir que el motivo de esta campaña, justo en este momento, tiene como única finalidad generar de forma interesada la creencia de que la mayoría de los nacionales desconfía de la Justicia. Vaya, que casualidad, precisamente cuando se acumulan las causas judiciales mediáticas se pone en marcha el aparato propagandístico para vilipendiar de nuevo a los jueces. Y claro, la jugada se completa cuando, acto seguido, salen a la palestra relevantes representantes públicos para afirmar que «las encuestas que hemos conocido hoy deberían llevar a la reflexión a quienes tienen y administran la Justicia».
Pero no se dejen engañar. No es más que la consecuencia de haber bombardeado a la población de forma machacona, desde hace tiempo y sin recato alguno, con una concreta idea o tesis propagada como la peste por medios afines hasta alcanzar un número indeterminado de convencidos que la convierten en verdad absoluta. Ya ven que, en estos tiempos de posverdad y desinformación, «el papel lo aguanta todo», porque perseguir el delito no equivale a perseguir judicialmente a los políticos, claro está, salvo que éstos sean los posibles delincuentes.
Que la Justicia en nuestro país es un enorme e imperfecto mamotreto no lo cuestiona ya casi nadie. En gran parte, no lo olviden, como consecuencia de un déficit histórico en inversión. Tampoco que puede llegar a adoptar decisiones cuestionables corregibles por la vía de los distintos recursos legalmente previstos. Pero de ahí a hacer campaña para desprestigiar a la institución y someter a sus integrantes a un escarnio público con el ánimo de generar la sensación de persecución política de quienes se sientan en el banquillo, resulta tremendamente temerario. Porque cuando se consiga llegar al centésimo mono de esta peligrosa creencia estaremos ante el final de nuestro Estado de Derecho.
Se deslegitima a la Justicia por un supuesto sesgo ideológico sin caer en la cuenta de que estas consignan parten de los actuales poseedores del Trono de Hierro, que lo ocupan gracias a que la misma sentó en el banquillo a sus anteriores inquilinos de signo distinto. Nadie se plantea que la percepción social de este poder se encuentra condicionada por la designación partidista de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, utilizada reiteradamente como moneda de cambio desatendiendo las indicaciones de todas las instituciones supranacionales existentes. Tampoco que la designación del fiscal general del Estado dependa de la decisión del gobierno o que la fiscalía frecuentemente deje de ser garante de la legalidad para convertirse en un acusador selectivo. Ninguno reflexiona sobre el hecho de que, a pesar de propagarse a los cuatro vientos la presunción de inocencia de los investigados, las instrucciones se suceden y las condenas se acumulan, habiéndose llegado a amnistiar graves delitos. Nada importa que el Poder Judicial no goce de autonomía presupuestada teniendo las manos atadas en relevantes decisiones relativas a medios materiales y personales o que el Tribunal Constitucional devenga en interprete interesado de quien designa a la mayoría de sus miembros dejando así de ser un límite para convertirse en un fácil recurso disponible para el uso que más convenga.
Miren, la confianza de la ciudadanía en la Justicia se mide por el hecho de que la tasa de litigiosidad aumenta cada año. Los ciudadanos, lejos de propagar consignas populistas e irreales, acuden a los tribunales de justicia para reivindicar sus derechos. Por eso la pregunta de las encuestas no debería ser si los jueces son imparciales, sino a quien debe imputarse el deterioro de su imagen. Porque, si algo queda claro con esta campaña, es que, como decía Chesterton, «lo que el hombre ha perdido en este siglo no es la Fe, sino la razón».