Estamos ya en la parte final de una nueva temporada turística en las Pitiusas y en unas semanas todos habrán hecho su correspondiente balance de cómo ha ido la misma. Entre todos esos balances citados, posiblemente uno de los que mayor relevancia adquiere cada año es, sin duda, el que se refiere al gravísimo problema de la vivienda y todo lo que gira alrededor del mismo. Sobre dicha cuestión es importante reseñar que, a pesar de algunos hilos de esperanza en la pronta llegada de las soluciones, que algunos pretenden hacernos creer; lo cierto es que la situación se enquista y no se vislumbra la menor capacidad, ni voluntad, para resolverla.
El grueso de las noticias sobre este tema sigue girando alrededor del constante incremento de los precios en el sector inmobiliario, tanto para compra como para alquiler. Ello supone que la gran mayoría de quienes están buscando una vivienda digna y asequible donde vivir se queden sin opciones reales. Desde las instituciones y los poderes públicos se sigue mareando la perdiz y mintiendo literalmente a la ciudadanía afectada y preocupada por dicho problema. Se sigue sin la menor capacidad de tratar la cuestión como lo que realmente es, un problema de Estado que afecta directamente a la práctica totalidad de la sociedad actual y que requiere de propuestas valientes y efectivas.
El punto de partida para que pueda haber alguna mínima posibilidad de solventar realmente la crítica situación ha de ser, sin duda, afrontar el problema dejando al margen los programas electorales y los idearios políticos y trabajar en un grave problema de Estado que va mucho más allá de los intereses de partido. Y es por ello que, dado el grotesco escenario en el que se viene desarrollando la política en nuestro país, la posibilidad de aunar esfuerzos y capacidades y trabajar todos juntos, al margen de los colores y las ideas particulares de cada partido, para darle la vuelta a la situación y plantear soluciones reales que permitan albergar cierto grado de esperanza, se ve todavía como algo muy difícil de conseguir.
Lo cierto es que las ideologías políticas y los intereses de partido en aras de obtener más votos que el rival de turno hacen que sigan existiendo esos árboles que no te permiten ver el bosque y que ese bosque siga sin adecentar y, por ello, con muchísimas posibilidades de acabar siendo pasto de las llamas por no trabajar en el mismo como se debería. Izquierda y derecha plantean sus propias batallas que siguen sin avanzar en la solución, mientras el grueso de la población sigue siendo quien sufre las nefastas consecuencias de tal incapacidad de consenso en aras de trabajar conjuntamente. Todo son promesas y anuncios de partido que automáticamente dejan fuera las alternativas que puedan proponer los rivales o la oposición.
La realidad del problema castiga con crudeza Eivissa y Formentera y todo aquí sigue empeorando año tras año. Con las instituciones gobernadas por los progresistas, las cosas no se hicieron bien en su momento por falta de valentía y decisión y, con los actuales gobiernos de derechas, las cosas no han mejorado, han seguido empeorando. Unos anuncian portales inmobiliarios públicos como solución, mientras otros hacen balance de la presente legislatura y nos quieren vender la moto de que han cumplido con el 95 % de lo prometido. Lo cierto es que ni Casa 47 aporta absolutamente nada a la resolución del problema en las Pitiusas, ya que no se oferta ninguna vivienda aquí; ni una sola de las medidas estrella aprobadas por el Govern de derechas ha servido para avanzar en solucionar nuestro particular problema habitacional, tal como han certificado hace unos días desde el Colegio Oficial de Arquitectos. El resultado de semejante incapacidad para afrontar conjuntamente un problema de Estado real es que el caos inmobiliario sigue acrecentándose y la especulación no para y sigue siendo el elemento principal que reina en esta selva salvaje que está siendo la actual crisis habitacional y en la que solo impera la ley del más fuerte o, mejor dicho, del más rico. Impera el más puro matonismo inmobiliario, al que los poderes públicos son incapaces de controlar y someter.
Contrariamente a lo que algunos pretenden hacer creer, no se trata de prohibir, se puede seguir sacando un rendimiento a la propiedad privada, pero marcando unos límites al beneficio que de ello se obtenga; no es prohibir, es controlar y para ello resulta imprescindible intervenir. El mercado libre solo busca el mayor volumen de ingresos posible, los poderes públicos están obligados a intervenir para evitar la especulación, tal como marca la propia Constitución Española que algunos llevan como bandera pero que incumplen sin el menor rubor. La propiedad privada debe defenderse, pero al mismo tiempo hay que evitar que se especule con la misma; esta no puede estar por delante del derecho constitucional a la vivienda.
Por todo ello resulta paradójico que sigamos viendo declaraciones que resultan contradictorias por parte de unos y de otros. Ni la izquierda va contra la propiedad privada, ni la derecha ha solventado nada. Otra legislatura perdida.