Otra chapuza legislativa del Gobierno

El Gobierno pretende llevar este martes al Consejo de Ministros un real decreto ley de vivienda después del desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba décadas residiendo en su casa de Madrid. Pedro Sánchez ha admitido que el Ejecutivo trabaja «contrarreloj» para cerrar una norma que aspira a reforzar la protección de los inquilinos. El caso merece ser analizado detenidamente y las administraciones tienen la obligación de evitar que personas vulnerables queden desamparadas. Pero una cosa es atender una emergencia concreta y otra modificar con urgencia las reglas de un mercado tan complejo como el de la vivienda. Cada cambio normativo produce efectos deseados y también consecuencias imprevistas. Si se amplían determinadas protecciones sin valorar su efecto en propietarios, arrendadores e inversores, puede reducirse la oferta de alquiler, reducir la ya escasa oferta de pisos disponibles y aumentar la desconfianza. Legislar requiere informes, estudiar la situación, debate sosegado, seguridad jurídica y una evaluación rigurosa del impacto de las normas que se impulsan. Y también se precisa tiempo para negociar y consensuar el texto, pues de otro modo su vigencia puede ser escasa. La vivienda en España arrastra problemas estructurales que no nacieron la semana pasada. Falta oferta en las zonas de mayor demanda, el parque público sigue siendo insuficiente y el acceso se ha deteriorado durante años. El actual Gobierno lleva más de ocho años en el poder y ha aprobado ya numerosas medidas en esta materia. Que ahora se anuncie otra reforma urgente al calor de un caso que ha provocado una fuerte movilización social evidencia, como mínimo, que las políticas aplicadas hasta ahora no han resuelto el problema. La urgencia puede ser comprensible pero legislar así es garantía de otra chapuza que puede costar muy cara. En vivienda, improvisar puede agravar aquello que pretende corregirse.