El dato más revelador del Observatorio de la Vivienda presentado por el Govern en Ibiza no es el precio de los inmuebles, sino la explicación de cómo hemos llegado hasta aquí. Entre 2000 y 2025, la población insular aumentó casi un 83%, mientras que el parque residencial apenas creció un 40%. Durante un cuarto de siglo, la construcción de viviendas ha sido incapaz de acompañar el crecimiento demográfico. Y las consecuencias están a la vista. Comprar un piso en Ibiza cuesta actualmente una media de 538.479 euros, un 35,9% más que en el conjunto de Baleares. Un mercado inaccesible para los residentes, especialmente para los jóvenes que pretenden emanciparse o formar una familia. Resulta igualmente significativo que las 2.365 viviendas con licencia turística representan únicamente el 3,2% del parque residencial. El dato no invalida la necesidad de combatir la oferta ilegal, pero demuestra que atribuir toda la crisis habitacional al alquiler vacacional es simplista.
El Govern tiene planificadas más de 1.200 viviendas asequibles para residentes, mientras los visados de obra nueva aumentaron un 24,5% durante 2025. Son actuaciones cuya eficacia deberá medirse por las viviendas finalmente entregadas. Pero el Observatorio aporta información objetiva para abordar un problema demasiado condicionado por las disputas políticas. Ibiza necesita recuperar el tiempo perdido, incrementar sustancialmente su oferta residencial y acompasar su crecimiento poblacional con su capacidad de acogida. Porque ninguna regulación del mercado, por bienintencionada que sea, podrá poner a disposición de los ciudadanos las miles de viviendas que sencillamente nunca llegaron a construirse. Y nada de eso mejoran los dos decretos ley aprobados chapuceramente por PSOE y Sumar, que hoy se debaten en el Congreso. No cabía esperar peor final de legislatura en materia de vivienda. Y así, todo.