Dice García Page, el presidente de Castilla – La Mancha, que llevamos una generación sin construir vivienda social mientras la población ha aumentado a un ritmo constante. Ahora se manifiestan con toda su crudeza las consecuencias. En Balears, según el Observatorio de la Vivienda el crecimiento poblacional durante una generación, veinticinco años, supera el 46 %, camino del millón y medio de habitantes en la próxima década; el número de viviendas superó por medio punto el 31 %, cifras que arrojan un déficit de 17.000 viviendas.
La presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha referido a 10.000 viviendas actualmente en tramitación y los Proyectos Residenciales Estratégicos de Palma suman otros tantos miles a futuro. Sin duda loables intenciones (el infierno está empedrado de buenas intenciones) que deberán superar obstáculos nada desdeñables, so pena de quedarse en solo anuncios, como ocurría con los gobiernos de Armengol: el encarecimiento de los materiales derivado de la compleja geoestrategia mundial – en un contexto de empobrecimiento general a causa de la inflación descontrolada -, y la falta de mano de obra, carencia común a otros sectores productivos. Pero, la paradoja diabólica ¿dónde alojar a la mano de obra que es necesario atraer para construir los alojamientos necesarios para paliar el drama de la vivienda? Y Vox abomina de la inmigración, mientras la izquierda y sus extremos lo hacen del turismo como culpable de todos los daños.
La política sensata aconseja no legislar en caliente. Pedro Sánchez lo hace cuando las situaciones arden. Con tantas prisas que el consejo de ministros aprobaba unos decretos todavía sin redactar y con una exhibición añadida de estulticia con la que el propio sanchismo se ha superado, y era difícil: en la exposición de motivos Maricarmen Abascal (la pobre señora ha recuperado su vivienda en las mismas condiciones por las que un juez decidió su desahucio) ha sido «víctima de una legislación machista y retrógrada procedente de una dictadura y de la especulación más voraz». O la ignorancia es inabarcable o el rencor que profesan a Felipe González alcanza magnitudes de muy alto voltaje, o ambas a la vez: la ley «machista y retrógrada» es la de Arrendamientos Urbanos de 1994. Gobernaba Felipe González.
Hay miles de casos como el de Maricarmen pero ha sido éste el que ha servido de espoleta para que la extrema izquierda reverdeciera las caceroladas y las acampadas en las plazas públicas, con el fin de intentar sacar cabeza del oscuro agujero al que la condena la demoscopia electoral. A modo de nueva lucha de clases, la confrontación es ahora entre fondos «buitre» y «rentistas» contra inquilinos (corren malos tiempos para la propiedad privada). Según el Banco de España los grandes tenedores de vivienda son el 8%, y el 92 % pequeños propietarios. Las manifestaciones en principio contra el gobierno de Sánchez, terminarán culpando al PP. Y si tan mal le llegaran a ir las cosas al sanchismo, no hay que descartar una convocatoria electoral con la vivienda como estandarte de lo que las fuerzas del mal no le dejaron hacer al presidente. Porque hablar de pacto de estado, única fórmula para encarrilar el problema habitacional, es hoy un imposible. Hasta que no cambien, elecciones mediante, los protagonistas.