Estas últimas semanas uno de los debates más encendidos en la isla ha girado en torno a los posibles destinatarios de las todavía inexistentes 532 viviendas de Ca n’Escandell en Vila. El gran punto de discrepancia versa sobre si habrá que ser residente en la isla para optar a esos pisos, o si ello no será necesario. La discusión se estableció entre el Ministerio de la Vivienda y el Alcalde del municipio de Eivissa, apoyado este último por todas las instituciones gobernadas por el PP, ahora mismo todas las de la isla. Lo cierto, es que el debate no puede tener mucho recorrido tal como se ha planteado y el Psoe local se ha visto obligado a llevarle la contraria a su propia Ministra.
Pero claro, ante la grave situación del mercado inmobiliario en las Pitiusas, ese debate tal como se ha planteado, parece tremendamente superficial y claramente debería ser mucho más profundo. En un recientemente presentado «Informe Fénix» sobre el modelo de crecimiento aplicado en nuestras islas y ligado al desarrollo de la industria turística, una de las conclusiones que se destacaba era que Eivissa ha crecido por encima de sus posibilidades. Evidentemente tal conclusión o afirmación tiene consecuencias directas sobre el modelo de sociedad que actualmente rige en la isla.
Ese crecimiento por encima de las posibilidades y ligado al brutal cambio en el modelo turístico experimentado sobre todo en las dos últimas décadas, ha acabado dando paso a la actual crisis inmobiliaria que entre otras cosas ha provocado ya la protesta social en la calle, con acampadas reivindicativas en muchas ciudades de nuestro país. Para clarificar esa afirmación que acabo de hacer, quiero señalar que el incremento constante y desmesurado de turistas ha llegado al punto de descontrolarse y provocar la inevitable sensación de saturación en las islas. Ante ello cabe preguntarse, si se estableció un límite al número de plazas hoteleras, ¿cómo puede ser que el número de turistas llegados se vea incrementado cada año?, provocando el actual estado de saturación.
La respuesta a la pregunta es sencilla, ello es consecuencia de que en su momento se admitiera por parte de los poderes públicos, la inclusión de la vivienda residencial en el negocio turístico. Si se pone un límite al número de plazas hoteleras por un lado, pero se legalizan miles de plazas turísticas en viviendas residenciales, se obtiene el resultado de saturación actual; habiendo que añadir a esas plazas legales, las miles y miles que se comercializan ilegalmente en miles de viviendas de las Pitiusas. Teniendo en cuenta esta realidad, es por lo que afirmo que el debate sobre la «prioridad insular» es muy simple si lo enmarcamos en la problemática para conseguir una vivienda digna y asequible, tanto para los residentes de toda la vida aquí, como para los trabajadores que han de venir a trabajar durante el verano.
Si no queremos dejar la isla realmente cubierta de cemento, si la única solución que se aporta desde la administración es la construcción de todas las viviendas que sea preciso construir para superar la actual crisis y, hay que recordar que según el último informe del Govern son 17.000 las viviendas que hacen falta aquí; habrá que adoptar algún tipo de medida alternativa y posible. En ocasiones puede resultar muy beneficioso ser capaces de ver qué se está haciendo en otros lugares para atacar la crisis habitacional. En Barcelona, sin ir más lejos, se ha aprobado la extinción progresiva del alquiler turístico de viviendas residenciales hasta 2028; a partir de ese año ese tipo de negocio no será legal.
Pues para empezar a corregir la situación en las Pitiusas, la primera medida que debería aprobarse y aplicarse ya, debería ser esa misma, recuperando con ello miles de viviendas que podrían incorporarse al mercado del alquiler residencial. Tengamos en cuenta que todas esas miles de viviendas podrían restarse de la cifra de 17.000 antes citada, evitando con ello tener que construir más de lo necesario y utilizarlas todas para los «residentes». Sobre el debate simplista de la necesidad o no de la prioridad insular, cabe reflexionar sobre un detalle que se ha apuntado en alguna ocasión y no es otro que, la mayoría de los propietarios de pisos residenciales dedicados al alquiler turístico en Eivissa y Formentera, son residentes en las islas. De ser así y aunque el dato no sea del todo exacto, hay que recordar a todos los propietarios de esas viviendas turísticas, esa misma «prioridad insular» que se exige para los proyectos de nueva construcción.
Todas esas viviendas deberían ser para quienes necesitan vivir aquí, hijos de residentes de toda la vida o trabajadores del sector público o privado que pudieran montar un proyecto de vida en las islas. Evidentemente esa medida de recuperar todas las viviendas turísticas para el mercado residencial, solo sería la primera que habría que aprobar para conseguir arbitrar formulas que permitan consensuar los derechos de los propietarios, que también hay que regularlos y, los de todos los que buscan desesperadamente una vivienda digna en la que poder residir. El debate ha de ser mucho más profundo.