Balears ha aceptado, como no podía ser de otra manera, los fondos estatales para la atención a menores migrantes. Vox le había pedido no hacerlo argumentando que alimenta el efecto llamada de la inmigración ilegal, una solicitud para marcar perfil político pero muy difícil de defender. Los actuales gestores del Govern tienen la obligación de velar por los intereses de la Comunitat Autònoma, también los económicos, y no se entendería que se quejen de la saturación, pero rechacen la llegada de recursos, aunque sean insuficientes.
La metedura de pata de Vila con el GEN
La decisión del Ayuntamiento de Eivissa de ‘desalojar’ al GEN de su sede de Can Casals, en el barrio de Cas Serres, sin haber anunciado todavía dónde piensa reubicarlos es de una gran torpeza política y que podrían haberse ahorrado ya que la izquierda no desaprovecha ni una oportunidad para castigar, tengan o no razón, al PP. Eso no quita que, al igual que el anterior gobierno progresista aprobó la cesión de Can Casals a la entidad ecologista, el equipo de Rafa Triguero tiene el mismo derecho en utilizar estas instalaciones municipales para lo que ellos quieran.