El presidente del Consell insular de Formentera, Jaume Ferrer, junto a la consellera de Territori, Alejandra Ferrer, comunicaron ayer los motivos que han llevado a la máxima institución insular a presentar alegaciones a la nueva delimitación de Costas.
Para Jaume Ferrer, «la propuesta no se encuadra en la proposición de delimitación justa acordada en 2006 con la unanimidad de las instituciones y los partidos políticos, la Plataforma de Afectados y la recogida de más de 2.800 firmas de residentes». Según el president del Consell, «dicha petición se basaba en la protección y conservación del litoral, así como en el respeto a la propiedad privada; mientras que esta nueva delimitación no cumple con lo acordado desde la isla». «La economía de Formentera se basa en el turismo, esta demarcación no nos beneficia y los afectados somos todos, ya que abarca al conjunto de la isla», apuntó Jaume Ferrer quien recordó que «la delimitación justa se basaba en volver al trazado anterior a la Ley de Costas de 1988 y, a partir de esta delimitación, ampliar la zona de protección para garantizar la conservación del litoral y recalificar todas las edificaciones que estuvieran dentro de dominio público anteriores a 1997».
«La nueva delimitación contempla el retorno de las propiedades a sus dueños pero no la protección del territorio, algo contrario a nuestro modelo turístico», señaló el president quien añadió que, desde el Consell, se exigirá «la protección del territorio por lo que pedimos la colaboración en este proceso y evitar que repercuta en problemas futuros; y si nuestras reclamaciones no se tienen en cuenta, recurriremos a la vía judicial».
Consecuencias
Sobre cómo puede afectar a la isla la implantación de esta normativa, la consellera de Urbanismo y Territorio, Alejandra Ferrer, apuntó que «la nueva delimitación de Costas en Formentera implicaría la pérdida de la red de pasarelas, financiadas con fondos europeos que pasarían de estar en zona pública y podrían trasladarse al medio de las playas, ya que nos consta que se han hecho gestiones al respecto por parte de Costas». Asimismo, ambos responsables políticos coincidieron en que la desprotección de los aparcamientos públicos, «convertiría esto en un negocio privado en varias zonas de la isla» y añadieron que, «la servidumbre de protección no protege el dominio público ya que permite el crecimiento de actividades que no están permitidas».