Tal y como informó la Sindicatura de Cuentas de les Illes Balears (SCIB) en un comunicado, el viernes terminó el plazo legal estipulado para rendir la cuenta general correspondiente al ejercicio 2017. Un total de 14 instituciones de las Baleares han sobrepasado el límite, entre ellas el Consell Insular de Formentera, que ha sido el único organismo de las Pitiusas en no ajustarse al procedimiento.
Según el órgano fiscalizador, el plazo para formalizar la rendición de cuentas finalizó el 15 de octubre de 2018. Tras esta fecha la sindicatura realizó dos requerimientos formales datados a día de 16 de octubre y 9 de noviembre de 2018.
Las 14 entidades que no han rendido cuentas, entre las cuales destacan los Consells de Formentera y Menorca y el Ayuntamiento de Palma –que sí rindió cuentas, pero no constan como aprobadas a través del Pleno-, representan el 38,2% del total de la población de las Islas Baleares y el 52,3% del presupuesto de gastos del ejercicio 2017.
El Consell Insular de Formentera ocupa la tercera posición de la tabla en lo que se refiere al presupuesto de gastos consolidado en el ejercicio 2017, que ascendió a 23,5 millones de euros, y al número de habitantes (12.280).
La Sindicatura de Cuentas detalló los plazos que deberían cumplir todas las administraciones locales a la hora de rendir sus cuentas. En este caso, deberían haber elaborado las cuentas anuales antes del 15 de mayo de 2017 para ser sometidas a informe de la Comisión Especial de Cuentas. Posteriormente, las citadas cuentas tendrían que haberse sometido al Pleno y ser aprobadas antes del mes de octubre de 2017 para, finalmente, rendir cuentas a la Sindicatura antes del 15 de octubre del pasado año.
La SCIB advirtió hace unos días al Consell de Formentera de las numerosas irregularidades que se habían cometido a la hora de otorgar subvenciones e incidencias en las contrataciones durante el año 2015. Entre estas destacaron sobrecostes, falta de justificación de precios o facturaciones fuera de plazo.
Respecto a las cuentas del Consell del año 2016, entre otros asuntos, la Sindicatura destacó en su informe un incremento en el gasto computable entre los años 2014 y 2016 del 46,7%, «muy por encima del incremento de gasto legalmente permitido».