De las acusaciones de UGT a los responsables de Recursos Humanos del Consell de Formentera se desprende, según el comunicado del sindicato, que al menos hubo dos informes llevados a cabo por la entidad ‘Consultores de Gestión Pública' con el fin de estudiar la situación del delegado sindical José Ramón Mateos.
En dicho comunicado UGT señala que «se da la circunstancia de que esta empresa es donde trabajó como colaborador el anterior gerente de la institución, Isidor Torres, tal y como se desprende de su LinkedIn personal, entre marzo de 2012 y marzo de 2014, justo antes de entrar a formar parte del Consell como cargo de confianza».
Esta consultoría había sido contratada en dos ocasiones más el año anterior por parte del Consell. Posee sedes en Madrid, Barcelona, Vizcaya y Almansa y, según su web corporativa, tiene la misión de «ayudar a las organizaciones a alcanzar sus propósitos, aportando soluciones específicas a problemas complejos y adaptadas a la realidad de cada institución».
El coste total de los cuatro informes, según los datos aportados por UGT asciende a los 15.930 euros. Desde el sindicato declararon que «lo llamativo es que justo la empresa en la que él -Isidor Torres- trabajó con anterioridad es la empresa a la que se encargan los informes» y lanzaron sospechas sobre su validez al considerar que podría haber estado «dirigido» desde Formentera.
La respuesta
Gent per Formentera, partido que gobernaba en solitario en el Consell de Formentera al momento en que sucedieron los hechos que denuncia José Ramón Mateos, se ha pronunciado ayer a través de un comunucado en el que afirma las actuaciones llevadas a cabo por el partido «en su responsabilidad de Gobierno nunca han vulnerado el ejercicio de la libertad sindical ni la tutela judicial efectiva».
En este mismo escrito GxF denuncia que «el señor José Ramón Mateos y su compañera sentimental, han acusado públicamente antes del proceso electoral, con nota de prensa pública con apoyo del sindicato UGT, de vulneración de derechos fundamentales del ejercicio del derecho sindicales y de conciliación familiar al Consell Insular de Formentera gobernado en aquellos momentos en solitario por GxF». «Acusaciones todas ellas muy graves, para un partido que tiene en la defensa de estos derechos, parte de su razón de ser. Todas y cada una de sus intervenciones públicas responden a un interés político en desacreditar a nuestra formación», puntualizaron.
A su vez, afirmaron en el documento que «Gent per Formentera no puede permitir que intoxiquen la opinión pública con una interpretación tergiversada e interesada de esta sentencia que aún no es firme».
En el comunicado de GxF, además, el partido afirma que «nunca ha dudado de la necesidad e idoneidad del trabajo sindical, como ya hemos demostrado recientemente dando apoyo público a la huelga y reivindicaciones de las kellys, ya que como fuerza progresista está en nuestro ADN la defensa del derecho al trabajo digno, pese a no tener, como otros partidos, un sindicato amigo y vinculado históricamente y ahora parece que en Formentera también orgánicamente».