El Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza ha dado luz verde a una posible apertura de juicio oral contra el ex presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer de Gent per Formentera, el conseller Bartomeu Escandell y los ex consellers Josep Mayans y Sonia Cardona por unos presuntos delitos de prevaricación administrativa, desobediencia y malversación de caudales públicos. El auto, de fecha 28 de julio, da un plazo de 10 días a la acusación particular y Fiscalía para que soliciten la apertura de juicio oral «formulando escrito de acusación, o bien el sobreseimiento de la causa, sin perjuicio de que puedan solicitar excepcionalmente la práctica de las diligencias complementarias que consideren indispensables para formular acusación».
Denunciado en 2013
Esta imputación responde a una denuncia presentada por el empresario Leo Stöber, propietario de la mercantil Sunway S.L., en octubre de 2013. Todo se remonta a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) del 4 de febrero de 2009 por la que se declaraba nulo el acuerdo municipal de fecha 27 de abril de 2005. En ese acuerdo se concedió licencia de obra a tres edificios de locales comerciales (el Centro Comercial Sant Ferran, conocido como Ca ses Castellones), en un enclave dentro del entorno del Bien de Interés Cultural (BIC) de la iglesia de Sant Ferran.
El TSJB acordaba de forma expresa «la reposición de las cosas a la realidad anterior a la ejecución de las obras realizadas al amparo de la licencia anulada», es decir, que se derribara la construcción ejecutada.
Según la cronología reflejada en el auto del Juzgado de instrucción número 3 de Ibiza, el Govern balear autorizó al Consell el 28 de noviembre de 2009, mediante un decreto, a efectuar nueva delimitación de los tres conjuntos históricos de la isla declarados BIC: las iglesias de Sant Ferran y Sant Francesc y el Pilar de la Mola. Y así lo hizo la institución presidida por Jaume Ferrer el 10 de diciembre de 2009, donde en sesión plenaria extraordinaria se aprobaron las nuevas normas subsidiarias de la isla, en las que se alteraban las afecciones de los Bienes de Interés Cultural de Formentera.
Pocos días después el Consell presentó ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Palma incidente de inejecución de la sentencia por causa legal, lo que fue desestimado en septiembre de 2010 y posteriormente declarado firme por parte del TSJB en junio de 2011 tras la desestimación de un nuevo recurso de apelación.
En junio de 2012 la institución formenterense emitió una resolución por la que se acordaba abrir un plazo de audiencia a los interesados para la posible legalización de las edificaciones realizadas con licencia municipal de obras anuladas por la sentencia judicial.
Supuesto trato de favor
Finalmente, el auto judicial destaca que, en las Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente en el año 2013, se dispusieron seis diferentes unidades de actuación en la localidad de Sant Ferran y otras seis en Es Pujols «que fueron provistas de servicios tales como red viaria, abastecimiento de agua, alcantarillado, alumbrado público, energía eléctrica y telecomunicaciones cuyos gastos no han sido repercutidos a los propietarios de los terrenos afectados».
Este último caso nada tiene que ver con el intento de modificar la legislación para evitar la demolición del centro comercial, pero fue incluido en su querella por el empresario alemán afincado en Formentera al detectar un supuesto trato de favor a determinadas personas.
Leo Stöber confirmó al Periódico de Ibiza y Formentera que presentará escrito de acusación para la apertura de juicio oral. «Vamos a presentar toda la documentación precisa para que se persiga de oficio la supuesta y no tan supuesta malversación de fondos públicos y demás conductas poco edificables de los denunciados», aseguró el empresario alemán.
Por su parte el abogado del conseller Bartomeu Escandell, Fernando Mateas, anunció que ya habían recurrido el auto y recordó que, según se desprende del escrito del Juzgado número 3 de Ibiza, se tienen que concretar los hechos y definir qué delitos se han cometido. Aunque dudó de que finalmente prosperara una posible apertura de juicio oral, aseguró que «si hay que ir a juicio, iremos muy tranquilos».