La causa penal abierta contra el exjuez de paz de Formentera y propietario del restaurante El Pirata, Joan Yern Mayans, que había sido acusado de un delito leve contra la seguridad e higiene en el trabajo en agosto de 2020, en plena pandemia de COVID-19. El sobreseimiento provisional de la causa ha sido ordenado por la jueza Elena Martín, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza.
El archivo se basa en el informe emitido por la fiscal Bárbara Moreno, que entiende que «no ha quedado acreditado que el empresario investigado no haya facilitado los medios necesarios para que sus trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas».
Yern, que en el momento de los hechos ejercía como juez de paz de Formentera, fue denunciado por supuestamente haber obligado a trabajar a cinco empleados que en teoría debían estar aislados por haber estado en contacto con otros dos empleados que habían dado positivo en COVID-19. Sin embargo, el informe de la fiscal deja claro que «tras los dos positivos» detectados entre el personal de El Pirata, «se practicaron PCR a los demás trabajadores que habían estado en contacto» con los contagiados.
Los trabajadores, añade la fiscal, «manifiestan que en el hospital no les dijeron nada de aislarse» y, al llegar al restaurante, Yern «se interesó por si les habían dicho que tenían que hacerlo o no».
«No existe prueba», prosigue el informe, «de que el investigado obligara a estos trabajadores que se habían hecho las pruebas a trabajar ese día» y, por lo tanto, no se le puede acusar de haber incumplido «los decretos sobre COVID-19 de manera voluntaria y maliciosa».
La jueza, por su parte, ordena el sobreseimiento provisional indicando que «no aparece debidamente justificad la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa». El abogado de Yern, Josep Maria Roig, recuerda que su representado compareció voluntariamente ante la Guardia Civil y fue detenido tras ser acusado. «Pasó una noche en el calabozo como consecuencia de esto», evocó Roig, «y ahora la fiscal ha dicho que no hubo ningún delito. Esto pasará ahora a la vía contencioso-administrativa, que acabará también archivándolo», concluyó.