El diputado en Cortes por el Partido Popular, Miguel Jerez, se ha vuelto a mostrar contrario a la creación de una Oficina de Justicia en la isla de Formentera, tal y como anunció el pasado viernes día 11 la ministra de Justicia, Pilar Llop, en un acto al que asistió la presidenta de Formentera, Ana Juan, que ya trabaja mano a mano con el Ministerio para su implantación. Jerez ha señalado que «este modelo está pensado para otras realidades diferentes a la de la isla», como es el caso de municipios de la llamada España vaciada, «y no obedece a lo que Formentera necesita. Una isla que de vaciada no tiene nada y que multiplica en verano su población hasta cuatro veces».
Para Jerez, la citada Oficina de Justicia «no es por lo que hemos trabajado tantos años y no es una buena solución para la insularidad. La Oficina Judicial sustituirá a los Juzgado de Paz, no tendrá ni la estructura orgánica propia de un juzgado, ni se trata de un órgano sentenciador». Según Jerez, "los usuarios de la justicia en Formentera seguirían dependientes de los juzgados de Ibiza. Todavía para determinados actos procesales, el desplazamiento será inevitable pues la regla general en los juicios sigue siendo la presencialidad de testigo y partes. Esta no era la idea», por lo que el Partido Popular se posiciona en contra de la creación de esta Oficina.
El diputado popular ha recordado que su partido ha presentado una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de 2023 para que se habilite una partida para construir el Juzgado de Formentera. Asimismo, ha cargado contra la presidenta del Consell insular, Ana Juan, por saltarse el mandato que le dio el plenario de la institución. «El Consell determinó por unanimidad instar al Ministerio para la creación de un juzgado de instrucción y primera instancia. Ana Juan, de forma unilateral y sin contar con nadie, ha aceptado la imposición del Ministerio. Una actitud condescendiente y cortoplacista». Jerez considera que, "hay que imprimir más personalidad en las negociaciones», además de entender que se trata de una «deslealtad absoluta» porque no consultó ni con sus socios de Gent per Formentera ni con Sa Unió «que se iba a aceptar una propuesta distinta a la que se había aprobado en el seno del Consell por unanimidad".