La expresidenta del Consell de Formentera y más tarde exconsellera de Turismo, Alejandra Ferrer (GxF) y los consellers Rafa Ramírez (PSOE), Bartomeu Escandell (GxF) y Paula Ferrer (PSOE) están citados a declarar ante el juez en calidad de investigados por un presunto delito de prevaricación administrativa en relación a la adjudicación de amarres s'Estany des Peix. Cabe precisar que el juzgado de Instrucción Número 1 de Ibiza ha abierto diligencias previas por este motivo, por un presunto delito de prevaricación administrativa. La cita en sede judicial para estos cuatro miembros del anterior equipo de gobierno será el próximo 3 de agosto.
La denuncia
Es preciso recordar que los cuatro fueron denunciados el pasado mes de febrero ante la Guardia Civil por la Asociación de Empresarios y Usuarios de s'Estany des Peix por la adjudicación que habían hecho de los amarres en este espacio. La denuncia señalaba que Alejandra Ferrer, Rafael Ramírez, Bartomeu Escandell y Paula Ferrer participaron el 29 de noviembre de 2022 en la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del Consell, cuyo único orden del día fue formular la propuesta inicial de asignación de amarres en las instalaciones de s'Estany des Peix conforme al reglamento que regula el fondeo. Dicho reglamento, aprobado inicialmente el 25 de febrero de 2022, señala en su artículo 7, relativo a los criterios de asignación de los amarres, que «la embarcación de la cual el solicitante es propietario o titular de algún derecho real de uso y en relación a la cual se pretende obtener autorización para amarrar, ha fondeado en s'Estany des Peix desde antes del 5 de julio de 2002, fecha de entrada en vigor del PORN». Esta normativa regula y ordena usos y recursos del Parque Natural de ses Salines. También indica el reglamento que las pruebas que se aporten para la consecución de uno de estos amarres tienen que se «fehacientes».
Los cuatro consellers denunciados, «con completo apartamiento de lo establecido en el citado reglamento» incluyeron en el listado de amarres asignados a un total de 10 embarcaciones cuya matriculación es posterior a 2002, algo que radicalmente impide el PORN. Asimismo, los empresarios usuarios de s'Estany consideran en su denuncia que la asignación «se ha realizado prescindiendo completamente del carácter fehaciente que se exige para la prueba de antigüedad». En este sentido, critican que se hayan dado por válidas fotografías particulares que «ni acreditan la fecha en que se tomaron, ni el lugar preciso ni la duración del fondeo», o fotografías aéreas en las que ni siquiera se ve la matrícula del barco. Además, otras muchas embarcaciones se han incluido «en presuntas listas anteriores a 2002 de autoría desconocida» y a las que no se le puede otorgar carácter fehaciente.
«Atendida la pluralidad de irregularidades no nos hallamos ante meros errores materiales», continúa la denuncia, «sino ante la elaboración de una lista de asignación de amarres –cuyo contenido económico implícito no se escapa al conocedor de la industria turística de Formentera –completamente arbitraria, con manifiesto apartamiento de la normativa reguladora, en detrimento de usuarios de mejor derecho y en perjuicio del ecosistema del lugar afectado, cuya conservación es la finalidad última del Reglamento y del plan de usos del que dimana».
En declaraciones a Radio Ibiza Ser, el presidente de la Asociación de Empresarios y de Usuarios de s'Estany des Peix afirmó que la citación a declarar en sede judicial de los cuatro exconsellers antes mencionados es «de sentido común» y confían en que el nuevo equipo de gobierno de Formentera tumbe el proceso de adjudicación de los fondeos ya que han quedado excluidas «más de 300 personas». Por su parte, Alejandra Ferrer defiende la legalidad de todo el proceso y afirma que «no es la primera vez» que políticos de GxF deben acudir a declarar ante el juez por «proteger el territorio».