La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha tomado la decisión de abrir diligencias contra el Consell de Formentera tras constatar que en 2020 y años anteriores el Ejecutivo insular gastó en el capítulo de personal más de lo autorizado. Según figura en el documento a que ha tenido acceso Periódico de Ibiza y Formentera, el Ministerio Fiscal ha detectado en los informes remitidos por el Consell a la Sindicatura de Cuentas de Baleares diversas irregularidades que «pueden dar lugar a que, en su caso, se pueda plantear la correspondiente demanda para obtener el resarcimiento de los daños causados».
En el mismo documento de la Fiscalía se indica que el informe de la Sindicatura de Cuentas de Baleares recoge que el gasto de personal se incrementó en 2020 «un 6% respecto del ejercicio 2019» superando así «el límite máximo anual permitido», que está fijado en el 2%, según el Real decreto-ley 2/2020 de medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. «Este hecho», añade el escrito de la Fiscalía, no es puntual del ejercicio 2020 puesto que también figura en informes de la Sindicatura de Cuentas correspondientes a ejercicios anteriores».
Intento de justificación
El Ministerio Fiscal admite que el Consell de Formentera intentó justificar este incremento «con motivo de la implementación de nuevos servicios y la consolidación y refuerzo de los existentes con el fin de mejorar su calidad». Sin embargo, la institución gobernada entonces por el PSOE y GxF no proporcionó a la Sindicatura «ningún soporte documental que justifique, de forma razonada, la naturaleza de este incremento y que proporcione así una evidencia del cumplimiento correcto de aquello que determina la normativa presupuestaria».
Estas «irregularidades», según el escrito del Ministerio Fiscal, «pueden dar lugar a que, en su caso, se pueda plantear la correspondiente demanda para obtener el resarcimiento de los daños causados». Por ello, ha adoptado la decisión de abrir las diligencias con el fin de esclarecer lo sucedido.
El Real decreto-ley 2/2020 de medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público establece que en aquel año las retribuciones del personal al servicio del sector público solo podrían experimentar un incremento global del 2%, que se ajustaría al IPC con un máximo de subida del 2,8%. Sin embargo, el Consell de Formentera lo incrementó, según el informe de la Sindicatura de Cuentas, hasta el 6%.
No fueron las únicas irregularidades detectadas por la Sindicatura de Cuentas de Baleares en lo relacionado con el capítulo de personal del Consell de Formentera en 2020. Así, según recoge el informe de este organismo, la institución carecía de la Relación de Puestos de Trabajo a que está obligada por la Ley 7/1985. Además, los trabajadores del Consell formenterés cotizaron «por encima del importe que corresponde» y algunos de ellos percibieron complementos de productividad que, aunque fueron aprobados por el Pleno, no se adaptaban a este concepto, según lo define el Real Decreto 862/1986. Por si esto no fuera suficiente, la sindicatura detectó en el «test de nóminas» que un empleado insular cobraba una complemento de productividad mensual de 107,68 euros que no estaba justificado. Y dos más cobraban complementos por conceptos similares sin que figurara en los Presupuestos del Consell. La institución lo achacó entones a un «error».
Falta de control financiero
El informe de la Sindicatura de Cuentas sobre la gestión económica del Consell de Formentera, por otro lado, recoge otras situaciones arriesgadas para las arcas de la institución como, por ejemplo, la falta de un plan anual de control financiero. Tampoco contaba con «el informe resumen de carácter anual con los resultados del control interno». Por cuestiones como esta, la Sindicatura recomendaba a la institución gobernada hoy por Sa Unió y el PP «cumplir oportunamente los plazos legalmente establecidos para formar, aprobar y rendir la cuenta general» así como «cumplir íntegramente» los mecanismos que permiten «regular el régimen jurídico de control interno de las entidades del sector público local».
La situación económica del Consell formenterés no es precisamente boyante. Y así se pudo comprobar al llegar el nuevo Gobierno, presidido por Lorenzo Córdoba, a la institución. El equipo de Córdoba tuvo que aprobar poco después, el pasado mes de julio, una ampliación de crédito de 3,1 millones de euros para hacer frente a cuestiones como el pago de las nóminas el de unas expropiaciones por valor de 1,1 millones y el que se debía a la UTE GIREF. Esta UTE llevaba dos años esperando a cobrar y llegó a amenazar al Consell con recurrir a los tribunales en una causa que los servicios técnicos y jurídicos de la institución dieron por perdida si llegaba a producirse.