El secretario general del PSOE en Formentera y conseller insular en la oposición, Rafa Ramírez, ha calificado de «muy extraño» todo lo que está sucediendo en torno al concurso de adjudicación de los quioscos de playa de la isla. Ramírez, no obstante, ha dejado claro que los socialistas consideran que a Córdoba «solo le queda una salida, es decir, dejar la institución por dignidad».
Rafa Ramírez ha insistido en que en el PSOE formenterés están «muy extrañados» ante lo que está sucediendo en estos momentos en el Consell. El socialista ha recordado que Córdoba tiene «un mandato claro del Pleno, que es el máximo órgano de gobierno, la soberanía popular, la voluntad del pueblo, y ha de liberar el acta de la Junta de Gobierno del 25 de marzo, que la tiene secuestrada». Un acta en la que quedaría reflejado que el presidente admitió en aquella sesión que había sido él mismo quien había hecho el cálculo sobre las horas de trabajo que deben realizar los empleados que contraten los adjudicatarios de los quioscos.
«Lo que se cuenta sobre ese acta es rocambolesco», ha señalado Ramírez. Y es que, además, en este documento habría quedado también recogida la agresividad con la que Córdoba se habría dirigido al secretario insular cuando este le mostró sus reparos a la intención del presidente de declarar desierto el concurso. A esto ha sumado Ramírez lo sucedido este lunes, cuando Córdoba reunió a los cuatro consellers de Sa Unió que participan en la Junta de Gobierno con un empresario que les habría explicado a lo que se arriesgan en caso de no atender a la propuesta del presidente. «¿Qué tiene que decir un empresario en una reunión política?», se ha preguntado el líder del PSOE en Formentera, «una reunión a la que, además, se impidió asistir al secretario y al interventor».
De momento, todo está paralizado en torno a este controvertido concurso. Córdoba ha desconvocado la Junta de Gobierno que tenía que celebrarse este miércoles tras recibir un escrito de recusación por parte de los empresarios cuyas ofertas fueron las mejor valoradas por la mesa de contratación. Una recusación que se dirige hacia el presidente pero también hacia la letrada de Recursos Humanos del Consell, Teresa Ferrer, cuya objetividad está cuestionada. Y es que Ferrer es la presidenta de la Obra Cultural Balear (OCB) en la isla y esta entidad recibió a finales de febrero una subvención directa del Consell por valor de 11.000 euros. Días más tarde, Ferrer firmaba un informe jurídico avalando la pretensión de Córdoba de declarar desierto el concurso, a pesar de que no pertenece al departamento de Litoral.W