El Pleno del Consell Insular de Formentera ha aprobado este jueves, durante la sesión ordinaria de mayo, diversas iniciativas impulsadas por el equipo de gobierno orientadas a reforzar la conciliación familiar y avanzar en movilidad sostenible. Entre las propuestas destacadas figura una declaración institucional contra el proyecto de ampliación del aeropuerto de Ibiza promovido por AENA.
El presidente del Consell Insular, Óscar Portas, ha defendido una postura «clara y coherente» en contra del proyecto de ampliación aeroportuaria, advirtiendo que «no se trata solo de una infraestructura aeroportuaria, sino del modelo territorial y turístico que se quiere imponer a las Pitiusas desde Madrid».
Portas ha alertado de que la operación prevista «no es una simple modernización técnica», sino una actuación orientada a incrementar la capacidad operativa del aeropuerto y prepararlo para continuar aumentando el número de pasajeros. Esto ocurre en un contexto en el que «Ibiza y Formentera llevan años denunciando saturación viaria, residencial, hídrica, ambiental y también social».
Durante su intervención, el presidente ha señalado que «esta ampliación tiene responsables políticos», recordando que AENA es una empresa pública controlada por el Gobierno del Estado. En este sentido, ha criticado «la contradicción de algunos partidos que aquí se manifiestan contra la masificación mientras, al mismo tiempo, sostienen las políticas y las inversiones expansivas que se deciden desde Madrid».
El presidente del Consell ha defendido que Formentera «necesita conectividad, pero no más masificación», reclamando «gobernanza real, coherencia política y respeto por los límites territoriales y ambientales de las islas». Asimismo, ha advertido que las actuaciones previstas afectarían entornos sensibles vinculados al Parque Natural de ses Salines.
Portas ha reiterado el rechazo del Consell «a cualquier ampliación que implique incrementar la presión humana sobre las Pitiusas». Ha defendido que cualquier planificación aeroportuaria debe ser coherente con las políticas de sostenibilidad, regulación y contención de la presión sobre el territorio que Formentera impulsa desde hace años a través de medidas como Formentera.eco, la protección de los espacios naturales, la regulación turística o la mejora del transporte público.
La propuesta aprobada considera que incrementar la capacidad operativa sin una planificación coordinada podría resultar incompatible con los objetivos de sostenibilidad y de gestión equilibrada de los flujos defendidos desde las instituciones insulares. El Pleno ha reclamado una participación efectiva de las instituciones insulares en la planificación y gobernanza aeroportuaria.
Asimismo, ha instado a que las futuras inversiones prioricen actuaciones relacionadas con la sostenibilidad, la seguridad, la conectividad y la integración territorial, y no actuaciones dirigidas a aumentar el número de pasajeros a las Pitiusas. La propuesta ha sido aprobada con los votos a favor del equipo de gobierno de Sa Unió, de Gent per Formentera y del conseller no adscrito, mientras que el partido socialista se ha abstenido.
Entre los principales puntos aprobados destaca la regulación del servicio de comedor y del servicio de fiambrera de las escuelas de verano del Consell de Formentera, una medida que responde a una necesidad manifestada por muchas familias. Esta iniciativa permitirá ampliar los servicios disponibles durante los meses de verano para facilitar la conciliación laboral y familiar.
Con esta ordenanza, que ha salido adelante con los votos a favor de Sa Unió y la abstención de GxF, PSIB-PSOE y el conseller no adscrito Llorenç Córdoba, se dota de cobertura jurídica y se regula de forma específica una prestación que tiene un impacto directo en el día a día de muchas familias de la isla.
Según ha explicado la consellera responsable, Eva Nieto, el servicio prevé dos modalidades: el servicio de fiambrera, con menú aportado desde casa en envase hermético y acompañamiento de monitor, con un precio de 4 euros por día, y el servicio de menú de comedor escolar con acompañamiento de monitor, con un precio de 10 euros por día.
El Pleno también ha dado luz verde, con los votos a favor del equipo de gobierno de Sa Unió y el conseller no adscrito, los votos en contra del PSIB-PSOE y la abstención de los consellers de GxF, a la aplicación en Formentera de la disposición adicional séptima de la Ley 7/2024. Esta normativa se refiere al procedimiento extraordinario de regularización de edificaciones, construcciones, instalaciones y usos existentes en suelo rústico en aquellos casos en los que ya no sea exigible adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística.
El vicepresidente segundo y conseller de Territorio e Infraestructuras, Javier Serra, ha explicado que esta propuesta «no abre ninguna puerta a nuevas construcciones ni supone una legalización automática», sino que aplica una herramienta legal prevista por la normativa autonómica para dar una salida ordenada, técnica y garantista a situaciones que ya existen en suelo rústico.
Serra ha remarcado que el objetivo es aportar seguridad jurídica a determinadas edificaciones sobre las cuales, de acuerdo con la normativa vigente, el Consell ya no puede adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística. El conseller ha señalado que esta disposición permitiría regularizar casos concretos que hasta ahora no tenían una vía clara.
Entre estos casos figuran edificaciones acabadas después de 1956 que no se ajustaban a modificaciones posteriores del Plan territorial insular o construcciones ejecutadas en su momento con autorizaciones o permisos militares. «No estamos hablando de una medida mayoritaria ni de una actuación que tenga que modificar el paisaje de la isla, sino de dar respuesta a realidades que ya están ahí y evitar que acaben generando degradación o abandono», ha afirmado Serra.
En el ámbito de la movilidad, el Pleno también ha aprobado inicialmente la ordenanza reguladora del servicio de recarga de vehículos eléctricos en los puntos públicos de la isla de Formentera. Esta normativa permite ordenar el funcionamiento de un servicio cada vez más necesario y establecer las condiciones de uso de los puntos de recarga.
La ordenanza, aprobada con los votos a favor de Sa Unió y las abstenciones del resto de grupos, establece que las plazas de recarga solo podrán ser ocupadas por vehículos eléctricos mientras estén cargando y durante un máximo de cuatro horas. También prevé que, una vez finalizada la recarga o superado este tiempo, el vehículo deberá retirarse para dejar libre el punto a otros usuarios.
En caso de incumplimiento, se podrán aplicar sanciones de 100 euros por infracciones leves y de 200 euros por infracciones graves, además de la posible retirada del vehículo cuando corresponda. El objetivo es garantizar un servicio eficiente, seguro y accesible, dentro de la estrategia de transición hacia una movilidad más limpia y sostenible.
Por otra parte, se ha aprobado por unanimidad las proposiciones referidas a la implementación de ayudas y medidas para garantizar la retirada segura de amianto, presentada por el grupo PSIB-PSOE, y la relativa al financiamiento suprainsular de la Planta de tratamiento de residuos de Construcción y Demolición de Formentera, presentada por GxF, entre otros puntos.
Hacerlo en Menorca ni se les ocurre.Saben que alli la respuesta de los menorquines seria muy seria, no como aqui.