Los antiguos licitadores de cuatro establecimientos de playa de Formentera denunciaron ayer que el Govern balear no está ejecutando sus propios informes y mantiene paralizado el procedimiento de caducidad de la concesión de los quioscos.
Según explicaron estos empresarios en un comunicado, no descartan acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa si el Govern no adopta una actuación efectiva antes de la primera semana de septiembre.
«La situación ha superado ya el ámbito de una simple denuncia ciudadana pendiente de comprobación. Los propios servicios de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua han analizado los hechos; han identificado incumplimientos de condiciones esenciales del título concesional y han concluido que procede iniciar el procedimiento de caducidad», manifestaron en su escrito.
Sin embargo, lamentaron que, pese a todo, siguen sin recibir una resolución que acredite la incoación formal del procedimiento y sin respuesta a las medidas provisionales solicitadas.
Incumplimientos
Los antiguos licitadores señalaron que un informe de la jefa del Servicio de Concesiones enumera, por orden de relevancia, diversos incumplimientos. Entre ellos, que los quioscos no fueron desmontados entre el 15 de enero y el 15 de febrero de 2025 y tampoco constaba una previsión de desmantelamiento para el mismo periodo de 2026.
Tres de las instalaciones fueron calificadas como no desmontables, otras dos como desmontables únicamente bajo determinadas condiciones y sólo tres como aparentemente desmontables.
Además, las ubicaciones de los dos quioscos de Es Arenals no respetarían la distancia mínima de 300 metros exigida por la normativa de Costas. Tampoco queda acreditado que todos los baños vinculados a los quioscos se encuentran abiertos y son de uso público y gratuito, tal como se exige.
«La conclusión del informe administrativo es inequívoca: ante el incumplimiento de estas condiciones esenciales y en aplicación de la Ley de Costas y de su Reglamento, procede iniciar el procedimiento de caducidad de la concesión otorgada al Consell Insular de Formentera. Por tanto, ya no se está discutiendo si existen indicios suficientes para actuar. La propia Administración ha examinado los hechos y ha concluido que debe incoarse el procedimiento», reiteraron estos empresarios.
Otros incumplimientos detectados, según insistieron, es que no consta que se haya practicado el reconocimiento final previo a la utilización de las instalaciones ni que se haya levantado el acta exigida para comprobar que los quioscos realmente ejecutados coinciden con el proyecto autorizado, respetan las superficies y ubicaciones concedidas, son desmontables y cumplen las condiciones ambientales, de saneamiento y de seguridad exigidas.
Los antiguos licitadores criticaron, entre otras cosas, que han transcurrido más de nueve meses sin que los denunciantes hayan recibido copia de un acuerdo formal de incoación del procedimiento de caducidad ni información suficiente sobre los trámites practicados, recordando que este pasado invierno únicamente se desmontó uno de los ocho quioscos repitiéndose por segunda temporada consecutiva el incumplimiento de esta obligación anual.
«El reciente relevo en la Dirección General de Costas y Litoral no puede utilizarse como justificación para paralizar la actuación administrativa», puntualizaron.
Peticiones
Los denunciantes conceden al Govern hasta la primera semana de septiembre para que acredite y notifique el acuerdo formal de incoación del procedimiento de caducidad o, si todavía no existe, lo dicte inmediatamente. También, que identifique el órgano responsable, el instructor y la situación real del expediente y facilite el acceso completo a las actuaciones administrativas, resolviendo las medidas provisionales de suspensión solicitadas.
Entre sus peticiones, reclaman que el procedimiento sea impulsado y se garantice que concluye con una resolución motivada dentro del plazo legal.
Según advirtieron, si no se produce una actuación efectiva, se interpondrá un recurso contencioso-administrativo para exigir judicialmente el cumplimiento de las obligaciones de la Administración y se solicitarán las medidas cautelares necesarias para proteger el dominio público marítimo-terrestre y evitar que la demora administrativa prive de eficacia a la futura sentencia. La acción judicial también solicitará que se determine si la paralización del expediente, pese a las conclusiones de los informes técnicos y a las reiteradas solicitudes presentadas, resulta contraria al deber legal de tramitación, impulso y resolución.
«El Govern ya dispone de informes que identifican incumplimientos esenciales y concluyen que debe incoarse el procedimiento de caducidad. No puede solicitar informes, recibir una conclusión inequívoca y después actuar como si esa conclusión no existiera. La ley no permite convertir una obligación de actuar en una espera indefinida», afirmaron.
Respuesta
Desde la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua señalaron que se trata de un expediente «complejo» y con un volumen importante de alegaciones que deben analizarse y ser contestadas de manera individualizada.
En este sentido, aseguraron también que se trata de un trabajo que requiere de «tiempo y rigor» ya que es necesario valorar adecuadamente cada una de las cuestiones planteadas.
«Desde la Conselleria se está avanzando en este análisis con el objetivo de poder ofrecer una respuesta completa y bien fundamentada», concluyeron fuentes del Govern.