La responsable de la oficina de atención al inmigrante de CC OO, Carmen Duarte, denunció ayer que han recibido numerosas quejas de inmigrantes 'ilegales' -que ya pueden regularizar su situación- «por las dificultades y trato discriminatorio que han recibido en algunas instituciones pitiusas».
El problema más grave se da en el registro de empadronamiento del Ayuntamiento de Sant Antoni. Duarte explica que «aunque los funcionarios saben que ha salido un Real Decreto por el cual deben empadronar a todos los extranjeros, aunque sean ilegales, cuando uno de ellos acude a esta oficina ponen pegas o piden papeles que no son necesarios». Antes debían presentar un permiso de residencia, pero ahora ya no se exige este requisito, «por lo que los funcionarios de ayuntamientos no tienen que preguntar si eres legal o no legal para inscribirte en el registro», denuncia.
Carmen Duarte asegura que las quejas por el trato vejatorio no son algo reciente en Sant Antoni, donde no sólo han recibido protestas de extranjeros no comunitarios sino también de comunitarios. Por ello, CC OO exige a la Administración y a los funcionarios, «que son los que dan la cara», que pongan en vigor no sólo la letra de la recién aprobada Ley de Extranjería «sino el verdadero espíritu del documento, facilitando al máximo todas las gestiones».
Otra de las instituciones que no está favorenciendo a este colectivo es la Dirección Insular de la Administración del Estado en Eivissa, «donde nunca hay impresos suficientes para solicitar los permisos de trabajo y residencia », asegura Duarte. Con la regularización va a haber una gran cantidad de gente interesada en conseguir estos papeles por lo que CC OO espera que esta situación cambie.
Las dificultades impuestas a la hora de empadronarse suponen, por ejemplo, la imposibilidad de acceder a una tarjeta sanitaria del Insalud. Este organismo ha dictado una resolución para facilitar asistencia sanitaria a todos los inmigrantes empadronados con suficientes recursos económicos, para todos los menores de 18 años, las embarazadas y todos aquellos que necesiten servicios de urgencias. «Si no facilitan los trámites en lugares como Sant Antoni, ¿cómo van a poder acceder a la asistencia sanitaria o a los servicios de un abogado de oficio que la ley les está dando?», se preguntaba ayer Carmen Duarte.