El Govern balear informó ayer de la aprobación de dos decretos relacionados con la política de vivienda y, muy directamente, con el proceso por el cual se adjudican los inmuebles de protección oficial. Según anunció el conseller d'Obres Públiques, Josep Antoni Ferrer, el objetivo de las medidas es hacer el proceso «claro y transparente» y «evitar problemas» que hasta ahora habían venido produciéndose.
Una de las principales novedades es el papel que se otorga a los ayuntamientos, cuyos departamentos de servicios sociales podrán participar activamente en el proceso de adjudicación. Además, el Govern también ha simplificado y modificado los baremos o criterios que sirven para establecer a quién se le debe asignar la vivienda. Los jóvenes, por ejemplo, tendrán prioridad, y se ha decidido aumentar de los 30 a los 35 años dicha consideración, como manera de «facilitar el acceso a la primera vivienda», señaló Ferrer. Otra de las novedades es que a partir de ahora la adjudicación se hará al iniciarse las obras y no cuando éstas estén finalizadas. El Govern quiere habilitar 2.000 viviendas de este tipo en Balears en los próximos dos años. Las primeras en adjudicarse serán las 76 ya edificadas en Can Misses.