El Ayuntamiento de Formentera ha dado los primeros pasos para que las empresas que se dedican a alquilar motocicletas, scooters y bicicletas dejen de causar los problemas que año tras año generan al acumular vehículos en la vía pública de los principales centros urbanos de la isla. Esta «invasión» no sólo de las calzadas sino también de las aceras es especialmente problemática, junto a algunas zonas de la Savina, en el núcleo urbano de es Pujols, por cuyas calles transitan además de automóviles, autobuses de línea regular, turísticos, camiones de reparto y los numerosísimos turistas en bicicleta o motocicleta que copan las plazas hoteleras en verano; el resultado, serios embotellamientos.
En la reunión mantenida la semana pasada por el alcalde de Formentera, Isidor Torres, y el primer teniente de alcalde y concejal de infraestructuras, Enric Barot, con representantes de los empresarios dedicados al alquiler de motos y bicis, se estudiaron los aspectos negativos de la situación y que serán prohibidos a partir de este momento, como la exposición en la vía pública de vehículos como reclamos para su alquiler.
Torres se ha quejado en repetidas ocasiones «de la mala imagen que producen extensiones de vehículos ocupando las calles» y ha incidido, por ejemplo, en que es «inaceptable que la primera imagen que tengan los turistas sea una profusión de motos y bicis por doquier», refiriéndose al puerto de la Savina. A partir de este momento, los negocios de este tipo sólo dispondrán de cuatro metros lineales para exploner en la calle, «nunca en la acera», sus vehículos. Asimismo, desde el Ayuntamiento se ha informado a los rent-a-bike que queda «terminantemente prohibido» efectuar trabajos de mantenimiento o reparación en la vía pública y, en consecuencia, los empresarios «deberán realizar dichas tareas en sus propias naves o almacenes».
La norma supone un cambio importante respecto a la situación anterior. Precisamente, desavenencias de criterios y las presiones ejercidas por el sector obligaron a la retirada de un artículo que regulaba el funcionamiento de este tipo de explotaciones y que fue impulsada por el Consistorio cuando estaba gobernado inicialmente por la coalición GIF-PP y posteriormente por el PP en minoría.